La policía arrestó también a su compañera, María Isabel Angulo Escribano, de 43 años, como cómplice de los delitos que se imputan a Florentino Ecomo, que tiene la nacionalidad española, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía

De los papeles y libros incautados en la sede de AMPAE, ubicada en el número 3 de la plaza de los Artesanos, se deduce que la estafa asciende a más de ocho millones de pesetas. A esta cantidad hay que añadir otros nueve millones obtenidos de diversos organismos oficiales.

Florentino Ecomo facilitaba los trámites a los africanos para que regularizasen su situación en España a cambio de una cantidad de dinero para gastos de papeleo. En sus oficinas, los funcionarios hallaron un gran número de contatos de trabajo en blanco falsos.

Hace meses, la Brigada de Documentación abrió una investigación al conocer las presuntas irregularidades del ahora detenido. Las informaciones fueron contrastadas con algunas denuncias de inmigrantes africanos, que se consideraron estafados por el presidente de AMPAE.

COBRABA POR TODO

Este martes, los agentes registraron la sede, donde fueron decomisados numerosos libros de contabilidad, llevados sin rigor, que no reflejaban los ingresos que recibió.

Floretino Ecomo acababa de adquirir un coche, de cuatro millones de pesetas, que necesitaba, según él, para ir a recibir a los embajadores y otras personalidades con las que mantenía entrevistas.

Sus ingresos los conseguía por el cobro de diversos conceptos: por hacer socios de AMPAE a los inmigrantes recibía 3.000 pesetas; por conseguirles un puesto de trabajo, entre 50.000 y 80.000; por tramitarles los documentos necesarios para obtener la nacionalidad, 200.000, y de 25.000 a 50.000 en los casos de regulrización.

Además, exigía a los empleadores el pago de 20.000 pesetas cuando el trabajo era por horas, 25.000 si realizaban servicio doméstico y estaban externos y 35.000 si eran internos.

Florentino Ecomo había sido arrestado en dos ocasiones, una por hurto y otra por calumnias. La Brigada de Documentación no ha cerrado el caso, ya que trata de comprobar cuántas personas han conseguido permisos de residencia con documentación ilegal.