El Gobierno canario explicó en una nota que esta acción policial se produce gracias a la denuncia presentada por el director de este organismo público ante el fiscal en abril de 2005.

El detenido es empleado laboral y ha trabajado en los últimos años en el Instituto Canario de la Vivienda, y desempeñaba sus tareas en la Secretaría General de la Consejería de Infraestructuras.

Asimismo, la Policía ha comunicado al Gobierno de Canarias que tiene prevista la detención de un segundo auxiliar administrativo en las próximas horas.

En los diez casos denunciados hasta el momento por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, se ponía en conocimiento del fiscal la aparición de sucesivos documentos con la falsificación de su firma y con aparentes reproducciones del sello del Instituto.

Sobre ninguno de ellos existía original en los archivos públicos. A veces contaban con un número de registro inexistente y en otras el número de registro se refería a viviendas ubicadas en urbanizaciones o portales distintos a los reseñados en el papel.

En dichos documentos se trataba de reflejar una supuesta autorización administrativa: "la descalificación como viviendas de protección oficial". Ese tipo de procedimientos reglados solo pueden autorizarse en base a la normativa que las regula y, con carácter general, pasado el periodo de protección establecido en la calificación de la vivienda.

En el supuesto de que algún propietario de una vivienda de protección oficial desee venderla antes del plazo establecido debe solicitar la preceptiva autorización; que sólo se concede si quien va a realizar la compra reúne los requisitos exigidos, esto es, usarla como primera residencia y no superar un determinado nivel de renta.

El propietario inicial está obligado a vender al precio máximo tasado por el Instituto Canario de la Vivienda. La descalificación de una vivienda de protección oficial la convierte en vivienda libre y por lo tanto su precio de venta pudiera ser superior. Es decir, con la falsificación del documento público pudieran obtenerse ventajas de precio en la venta.

Los primeros indicios que el Instituto de la Vivienda tiene de este caso se producen el 8 de abril de 2004, a raíz de una llamada telefónica, interesándose por un tramite relativo al pago de un impuesto.

Al comprobar que no había concordancia de datos, se requirió el envío del documento por fax. Más tarde se comprobó que no existía tal documento en los archivos del Instituto. En consecuencia, el día 14 del mismo mes se le traslada conocimiento de estos hechos a la Fiscalía, con copia del documento falsificado.

Posteriormente, en diferentes fechas se han ido detectando por el Instituto Canario de la Vivienda un total de diez documentos falsificados de este tipo, que en todos los casos fueron remitidos a la fiscalía. El último de ellos estaba fechado el 26 de febrero pasado.

De las diez falsas descalificaciones de vivienda se ha ido teniendo conocimiento por diversas vías. En unos casos ha sido a través de los registros de la propiedad, en otros, la detección se ha realizado por el propio personal del Instituto Canario de la Vivienda, al contrastar la información con sus bases de datos.