Según informó este jueves el Instituto Armado, la investigación se inició tras una denuncia recibida por la Fiscalía de Melilla sobre la apropiación ilícita por parte del detenido de la titularidad y administración de numerosas empresas de transporte de la ciudad autónoma.

El investigado se apropió de manera fraudulenta de los pagos correspondientes al IPSI de empresas y particulares, lo que causó graves perjuicios económicos en las actividades comerciales de los afectados. Esta forma de proceder habría dejado unos 2.000 perjudicados.

La investigación se centró en identificar a los miles de ciudadanos que vieron afectado su patrimonio empresarial y a trabajadores que no cobraban sus sueldos, así como en localizar al principal investigado, que llevaba una vida ostentosa en Gran Canaria.

RAMIFICACIONES POR TODA ESPAÑA

El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales relativos a delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico como robos, malversación, estafa, fraude, apropiación indebida, etc.

Las pesquisas revelaron que las actividades delictivas del detenido se extendían más allá de Melilla, con ramificaciones en provincias como Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid.

El arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, incluyendo robos, malversación, estafa, fraude y apropiación indebida.