La policía tuvo conocimiento de la estafa como consecuencia de la denuncia interpuesta por una organización de consumidores de Málaga, en representación de las sesenta personas que invirtieron sus ahorros en la compra de los inmuebles.

La promoción "Torreandalucí" no contaba con el preceptivo permiso de obras municipal, al no haber aportado el proyecto de construcción, que el promotor ahora detenido jamás llegó a retirar del Colegio de Arquitectos de Málaga.

Los compradores de los partamentos habían entregado alguna cantidad en concepto de entrada y firmaron letras que José Luis G.G. cobró por anticipado en una negociación bilateral con una entidad bancaria.

A pesar de que el bloque de apartamentos ya contaba con la cimentación, los compradores iniciaron una investigación que determinara las causas del retraso de la obra, comprobando que los terrenos sobre los que se asentaba el inmueble no habían sido aún pagados y que estaban embargados por una compañía constructora.

Al emer ser descubierto, el promotor decidió cerrar las oficinas de su inmobiliaria, haciendo desaparecer al mismo tiempo toda seña de identidad exterior, lo que precipitó la acción policial.

Las cantidades entregadas a cuenta de la construcción por los propietarios no estaban garantizada por ninguna compañía crediticia, mientras la promotora había negociado la correspondiente hipoteca para realizar la construcción.