Según informóhoy la Dirección General de la Policía, el letrado, colegiado en Madrid, cobraba a los extranjeros grandes cantidades de dinero por tramitar su documentación ante las autoridades españolas, para lo cual presentaba falsos contratos de arrendamiento de viviendas y ofertas de empleo ficticias.

Las víctimas, en su mayoría mujeres en situación ilegal que se dedicaban al ejercicio de la prostitución en España, pagaban 3.000 euros por estos trámites.