En las últimas semanas se han detectado irregularidades en otras 76 pensiones concedidas desde la delegación de Trabajo y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia. Las pensiones fraudulentas son ya más de 300.

Según el Gobierno Civil de Lugo, las pensiones siguieron abonándose durante varios meses del año 92, después de destaparse el escándalo, hasta que la Xunta de Galicia suspendió los pagos.

Por el momento, se calcula en 143 millones de pesetas los fondos defrauados en pensiones otorgadas de manera irregular, y a cambio de determinadas cantidades de dinero, a personas que no reunían los requisitos para acceder a ellas. Los 143 millones no incluyen las pensiones irregulares pagadas en 1992.

Dos de las últimas personas detenidas trabajaban como asistentes sociales en los municipios de A Fonsagrada y Ribadeo, aunque quedaron en libertad tras prestar declaración, al igual que el resto de los detenidos, entre los que había 12 preceptores.