DETENIDAS DOCE PERSONAS ACUSADAS DE ESTAFAR A MAS DE 700 INMIGRANTES DESDE UNA ASESORIA JURIDICA
- Con falsas ofertas de empleo o permisos de trabajo y residencia, por las que cobraban un millar de euros
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a doce personas acusadas de estafar, a través de una asesoría jurídica, a más de 700 inmigrantes con falsas ofertas de empleo o permisos de trabajo y residencia.
A los detenidos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los trabajadores, estafa y falsedad documental.
Según informó hoy el Ministerio del Interior, en la operación han participado agentes adscritos a la Comisaría General de Extranjería y Documentación, junto con la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, la Comisaría Local de Alcorcón y las comisarías de distrito de Arganzuela, Centro, Ciudad Lineal, Chamberí, Retiro, Salamanca y Villa de Vallecas.
Dos de los detenidos, Miguel Arcángel H.G. y Yolanda B.P., son los responsables de una asesoría jurídica dedicada a la falsificación de un gran número de ofertas de empleo y solicitudes de permiso de trabajo y residencia destinadas a ciudadanos extranjeros, para lo cual utilizaban los datos y las firmas de terceras personas, sin su consentimiento, para completar la identidad de los empleadores.
En otras ocasiones, y para adaptarse a la nueva legislación, utilizaban a falsos empleadores que, a cambio de 300 euros, estaban dispuestos a figurar como tales en las falsas ofertas de trabajo. Los otros diez detenidos habrían realizado estas labores.
DENUNCIAS
En febrero del pasado año, la Comisaría Local de Alcorcón recibió la declaración de una persona que manifestó haber sido víctima de una estafa relacionada con la tramitación de documentos de ciudadanos extranjeros, al haber sido utilizados sus datos, sin su consentimiento, por otras personas con la intención de conseguir permisos de trabajo y residencia para extranjeros.
En la misma Comisaría de Alcorcón se recibieron otras siete denuncias en el mismo sentido. Todos los denunciantes habían recibido cartas de estamentos oficiales comunicándoles los diferentes estados de la tramitación de permisos de trabajo y residencia y, además, daba la coincidencia de que todos los beneficiarios trabajaban para la misma empresa.
Sin embargo, ninguno de los denunciantes había dado origen a dichos trámites ni tenían conocimiento de los mismos, al tiempo que desconocían quién o quiénes habían sido los responsables de dichos hechos.
Paralelamente a las denuncias presentadas en la Comisaría Local de Alcorcón se fueron recibiendo otras en las comisarías de distrito de Madrid de Arganzuela, Centro, Ciudad Lineal, Chamberí, Retiro, Salamanca y Villa de Vallecas, en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid y en la Brigada Central de Redes de Inmigración.
Las gestiones realizadas determinaron que los hechos denunciados tenían su origen en una asesoría jurídica situada en la calle Francisco de Rojas, de Madrid, denominada "Asesoría de Extranjería Miguel Arcángel" y de la cual era titular Miguel Arcángel H.G.
Con el mismo domicilio que la asesoría, Miguel Arcángel H. tenía dadas de alta otras sociedades mercantiles que fueron utilizadas para la tramitación de permisos de trabajo para extranjeros que nunca trabajarían en las mismas. En junio del pasado año la asesoría se trasladó a la calle Jordán.
Al poco tiempo de trasladar la asesoría, Miguel Arcángel H. tuvo un altercado con un ciudadano peruano por una discusión sobre la contratación de sus servicios para conseguir una documentación, por lo que acudió al lugar una dotación policial. Los agentes detuvieron al titular de la asesoría al comprobar que tenía pendiente una orden de búsqueda, detención e ingreso dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.
A partir de ese momento, la asesoría cerró sus puertas y se colocó un cartel en la entrada en el que se leía literalmente: "Los dos meses de verano no estamos en funcionamiento por enfermedad grave del propietario". A raíz de este cierre se presentaron la mayor parte de las denuncias.
La policía calcula que durante el tiempo que estuvo funcionando la asesoría, aproximadamente dos años y medio, sus responsables consiguieron ingresos superiores al millón de euros, ya que cobraban cantidades que rondaban los mil euros por tramitar una solicitud de permiso de trabajo y residencia para ciudadanos extranjeros que no contaban con una oferta de trabajo de un empleador.
(SERVIMEDIA)
20 Sep 2005
CAA