Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía, los detenidos son Miguel S.C., de 46 años, socio único de la agencia inmobiliaria "Mundo Azul"; Juan Esteban C.R., de 59 y director financiero de la empresa, y Adriana Isabel C., de 27 años, directora de marketing.

Otras dos personas fueron puestas en libertad ras prestar declaración en las dependencias del Grupo II de Investigación de la comisaría de Fuencarral. Asimismo, la policía está realizando gestiones a fin de localizar y detener a los dos socios fundadores de la empresa, actualmente en paradero desconocido.

Según las diligencias, el "modus operandi" empleado por los presuntos estafadores tenía dos variantes. Una de ellas consistía en comunicar telefónicamente a los clientes elegidos en las páginas de la guía de teléfonos, que habían sido agraciadoscon 15 días de vacaciones durante 5 años en apartamentos de Benalmádena o Torrevieja.

En el primer caso, tendrían opción para alguilar el inmueble después del pago de 98.700 pesetas como cantidad única por gastos notariales y otros servicios, que era abonada en el acto.

La segunda modalidad consistía en la venta de apartamentos en multipropiedad propiamente dicha. El comprador adquiría el derecho a disfrutar a perpetuidad de un apartamento en unas fechas concretas y durante un periodo de tiempo dterminado, a cambio de cantidades que oscilaban entre las 800.000 y los dos millones de pesetas.

Sin embargo, cuando los compradores trataron de ejercer sus derechos, se encontraron con que los apartamentos no existían en unos casos y en otros estaban ocupados, ya que la empresa propietaria de los inmuebles no había recibido pago alguno de "Mundo Azul".

Esta sociedad inmobiliaria, que tenía su sede social en la calle Antonio López Aguado, fue constituida a finales de 1990 por la pareja en parader desconocido, quienes alquilaron un local, mobiliario, aparatos de imagen y sonido y contrataron personal.

En junio de este año, los propietarios vendieron la empresa a Miguel S.C. por 75 millones de pesetas, cifra que se fijó en virtud de los libros de contabilidad previamente manipulados, aunque el comprador sólo pagó la señal acordada en la firma de las escrituras, que ascendió a 500.000 pesetas.

La mayor parte de los contratos que se formalizaron a partir de esa fecha se refirieron a la primea modalidad defraudatoria y todos ellos no fueron elevados a escritura pública.