Las investigaciones comenzaron con la denuncia de un colombiano al que la Agencia Tributaria exigió más de 9.000 euros por el impuesto de matriculación, y la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid más de 2.000 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como consecuencia de la matriculación en España de un Mercedes procedente de Alemania valorado en 54.100 euros, sin que dicho vehículo hubiese sido titularidad del denunciante.

H.C.M. Automóviles había desarrollado su actividad entre los años 2001 y 2003, teniéndose constancia de la venta de al menos 103 coches de lujo en dos concesionarios que regentaban en la ciudad de Alicante. El administrador de esta empresa tenía causas pendientes por delito fiscal derivado de la actividad de la compraventa de vehículos llevada a cabo con otras sociedades anteriores.

Los vehículos eran adquiridos en países comunitarios como Alemania, Bélgica y Holanda, y habían sido matriculados en España por personas con escasos o nulos recursos económicos y pertenecientes a ambientes marginales o de delincuencia, en su mayoría extranjeros con antecedentes policiales que posiblemente desconocían el alcance fiscal de sus actos. También utilizaban sociedades en cuyos órganos figuraban igualmente personas con antecedentes.

Todo ello hizo suponer a la policía que estos sujetos no habían tenido en su poder, ni habían sido propietarios de los vehículos. Algunos testaferros que carecían de antecedentes policiales fueron captados en la misma barriada donde residen los anteriores, aceptando todos ellos figurar en la matriculación de los vehículos a cambio de pequeñas cantidadesde dinero.

Con esta artimaña, la sociedad H.C.M. Automóviles lograbaque las obligaciones fiscales del pago de los impuestos de Matriculación, IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales recayeran en los testaferros y sociedades instrumentales, de manera que estos impuestos no fueron satisfechos a Hacienda o se realizaron ingresos de cantidades irrisorias de dinero.

En total, fueron utilizadas 21 personas como testaferros en Madrid y creadas cinco sociedades instrumentales (también denominadas "truchas") con domicilios sociales en la capital, Alicante e Ibiza. De los detenidos, 16 lo fueron en Madrid, tres en Alicante, uno en Albacete y otro en Ibiza.

UNA ASESORÍA DE MADRID

La mayoría de los detenidos son testaferros, además del administrador de H.C.M. (Juan Luis C.M.), la persona que se encargó de la captación de los testaferros, y el titular de una asesoría de la calle Juan Pradillo de Madrid y dos de sus empleados, donde se realizaron los trámites de las matriculaciones de los vehículos.

Además, el titular de la asesoría de Madrid, Antonio S. N., y uno de sus empleados, José Antonio G. M., fueron detenidos también por delitos de falsificación de documentos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al dedicarse a la tramitación de altas fraudulentas en la Seguridad Social de extranjeros, que pagaban unos 1.500 euros por dichos trámites para intentar regularizar su situación en España y obtener o renovar sus permisos de trabajo o residencia.

Además de defraudar a Hacienda, la empresa H.C.M. Automóviles había sido denunciada en varias ocasiones por los compradores finales de los coches por manipulaciones en el cuentakilómetros del vehículo, informalidad en los plazos de entrega de los coches y de las documentaciones a los compradores y el ofrecimiento de extras en los vehículos cuando se trataba de equipamientos de serie.

La empresa también había sido denunciada por casos de venta de vehículos que realmente eran seminuevos, y el caso insólito de la venta de un vehículo seminuevo traído de Alemania por el que el comprador pagó más dinero que si lo hubiese adquirido nuevo en un concesionario oficial en España. En algunas ocasiones los compradores no pudieron recuperar parte del dinero entregado a Juan Luis C., desistiendo del intento ante la informalidad de este sujeto, según la policía.