La arrestada, de nacionalidad española, se hacía pasar por policía y prometía regularizar su situación ilegal gracias a los "contactos" que decía tener en las oficinas correspondientes. Las víctimas, en su mayoría de origen brasileño, debían abonar 3.500 euros para conseguir los papeles.

Los investigadores han podido determinar que hay más de 90 inmigrantes estafados y que el beneficio obtenido podría superar los 350.000 euros.

La operación ha sido realizada por la Brigada Central contra las Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en colaboración con la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo de 2007 tras varias denuncias formuladas por ciudadanos brasileños en Madrid y en la localidad de Torrejón de Ardoz. En las declaraciones efectuadas en las dependencias policiales manifestaron haber sido estafados por una mujer que se hacía pasar por agente de policía.

Ésta les había prometido obtener el permiso de residencia, el D.N.I. e incluso conseguir la nacionalidad española, para lo que tenían que abonar una cantidad que oscilaba entre 3.000 y 3.500 euros.

La presunta autora de la estafa alegaba ser "policía secreta o de extranjería" y explicaba a las víctimas cuáles eran los pasos que tenían que seguir hasta lograr la documentación que solicitaban, así como las cantidades de dinero que debían abonar y la forma de efectuar los pagos.

Se comprometía a avisarles en un plazo de quince o veinte días, al objeto de que estamparan sus huellas en el impreso correspondiente y hacerles entrega de la documentación. Al transcurrir este plazo sin recibir ninguna comunicación, los perjudicados comparecían de nuevo en el lugar de la cita, interesándose por el estado en que se encontraban los trámites.

La mujer alegaba diferentes motivos para justificar el retraso, tales como que dependía de terceras personas, que no habían abonado la totalidad del dinero, que se habían retrasado unos días u otra serie de razones. Siempre se mostraba muy segura en sus respuestas, por lo que al desconocer las víctimas los mecanismos y trámites de la Administración y los requisitos exigibles para la obtención de los documentos cuya tramitación le habían pedido, quedaban satisfechos con sus explicaciones.

Cuando estos argumentos y excusas no les convencían, les amenazaba con expulsarles del país, alegando su condición de "agente de la autoridad" si persistían en sus reclamaciones.

Se ha practicado un registro en el domicilio de la detenida, en el que se han intervenido fotocopias de las páginas biográficas de los pasaportes de un gran número de ciudadanos extranjeros y fotografías tamaño carnet, libretas bancarias, varios cuadernos de notas con teléfonos y datos relacionados con los perjudicados y recibos bancarios recogiendo pagos efectuados por diferentes extranjeros a las cuentas de la implicada.