Según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil, las investigaciones comenzaron a raíz del envío de este supuesto paquete-bomba, que tuvo que ser abierto de forma controlada por los TEDAX de la Guardia Civil ante las sospechas sobre su contenido. En su interior había una serie de elementos electrónicos que hicieron sospechar de que pudiera tratarse de un artefactoexplosivo.

El paquete fue detectado por los servicios de seguridad de la Guardia Civil en el Ministerio de Sanidad al ser inspeccionado por un equipo de rayos-x en el escáner de control de paquetería. Finalmente, los artificieros comprobaron que se trataba de un artefacto simulado.

Tras descartar que el envío hubiera sido realizado por algún grupo terrorista o banda de delincuentes organizados, los agentes barajaron como hipótesis más probable que la persona responsable estuviera relacionada con l ámbito sanitario y tuviera algún conflicto con la Administración.

Desde finales de mayo, la Guardia Civil investigó a todas las personas que habían mantenido algún litigio con el Ministerio de Sanidad y que estuvieran domiciliadas en Sevilla, lugar desde donde fue enviado el paquete.

Las sospechas se centraron en una joven que vivia entre Cádiz y Sevilla y que estaba relacionada laboralmente con un hospital gaditano de Puerto Real. Tras hacer un seguimiento de sus movimientos, los agentes solictaron mandamiento judicial de entrada y registro en su domicilio, donde recogieron distintas pruebas. Tras las investigaciones se ha comprobado que la detenida envió otro paquete al Ministerio de Sanidad y Consumo, así como varias cartas a emisoras radiofónicas de Sevilla y Navarra.

Los agentes encargados del caso investigan en la actualidad cuáles fueron las motivaciones que llevaron a la joven al envío del artefacto explosivo simulado y de las cartas anónimas a las emisoras de radio.