Este asunto fue descubierto cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidió a Instituciones Pnitenciarias conocer la situación del preso José Luis Rodríguez, a quien se le incautaron en su domicilio 10 kilos de cocaína.

El preso había salido de prisión en virtud de una orden de libertad procedente del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia, cuyo titular en la juez Teresa Palacios.

La funcionaria podría ser acusada de los delitos de falsificación de documento público -al validar órdenes de prisión que deben ser ratificadas por el juez-, y del delito de cohecho -si se prueba que h recibido algún tipo de compensación por parte de los beneficiados de su supuesta actuación delictiva-.

El juzgado de instrucción número 29 de la plaza de Castilla (Madrid) abrió una investigación al respecto y descubrió que la funcionaria había falsificado documentos para facilitar la libertad del presidiario. Ahora investiga si existen más documentos falsificados que hayan podido suponer la excarcelación ilegal de más delincuentes.

Además de esta investigación, el juzgado de Teresa Palacios sige "con especial interés" la causa abierta contra la funcionaria, a la espera de que se esclarezcan los hechos, calificados "de extrema delicadeza".

La funcionaria fue detenida ayer y trasladada a la prisión madrileña de Soto del Real, para posteriormente declarar ante el juez. En el interrogatorio, alegó haber sido presionada y coaccionada por el entorno del narcotraficante, y rechazó haber recibido ninguna compensación económica para realizar la supuesta acción delictiva.

Las mismas fuentes insitieron en que la funcionaria reconoció ante el juez "haber falsificado", al estampar su firma en lugar de la del juez, la orden de libertad del narcotraficante, para evitar las "represalias" de los "narcos".

Actualmente, sobre el narcotraficante José Luis Rodríguez pesa una orden de búsqueda y captura.