Las dos redes, entre las que al parecer no hay ninguna conexión, falsificaban carnés en Marsella (Francia) y en la República Dominicana y Andorra, respectivamente, y han podido conseguir unos beneficios que superan los 40 millones de pesetas.

Todos los detenidos, ya en libertad, se encuentran ahora a la espera de que el juez les cite. Están acusados de un presunto delito de falsedad en documento público y podrían ser sancionados con multas que oscian entre lñas 200.000 y las 300.000 pesetas, según las mismas fuentes.

Entre los detenidos no figura, sin embargo, ningún responsable de las redes de falsificación, aunque el número puede aumentar a medida que avancen las investigaciones. La Guardia Civil cree que los falsificadores podrían haber vendido carnés falsos en otros lugares además de los detectados.

La investigación se inició hace un año, después de que la Jefatura Provincial de Tráfico detectara un número elevado de ciudadanos españols que querían cambiar permisos de conducir presuntamente obtenidos en la ciudad francesa.

Esta primera red conseguía compradores de carnés de conducir en mercadillos y zonas de gran afluencia de gente, entre peronas de bajo nivel cultural, a las que, previsiblemente, les resultaría difícil conseguirlo en una autoescuela, y a las que se les ofrecía la posibilidad de tenerlo con sólo pagar entre 150.000 y 300.000 pesetas.

Según el Gobierno Civil de Barcelona, los documentos se falsificaban en Marsela y, posteriormente, un miembro de la misma red acompañaba al interesado a canjearlo en Tráfico por otro provisional. En ese momento se abonaba la cantidad de dinero pactada para obtener el permiso.

Más de 40 personas han sido detenidas en Vilafranca del Penedés (Barcelona), en Barcelona y en otras poblaciones del área metropolitana en relación al caso.

Algunas de las personas que pagaron la cantidad de dinero establecida para conseguir el permiso desconocían que fueran falsos e incluso se había desplazado a Marsella para realizar exámenes ficticios.

La segunda red desarticulada operaba desde la República Dominicana, donde falsificaba carnés que eran convalidados en Andorra por otros. La mayoría de personas que pagaban por estos permisos eran dominicanos residentes en España, y abonaban unas 10.000 pesetas.

Esta red fue descubierta ante la gran cantidad de conductores dominicanos que llevaban permisos internacionales expedidos en Andorra.