De la Llave explicó que la investigación sobre el alcohol exportado al país vecino se inició ante el espectacular aumento registrado en las ventas a esa nación, que pasaron de 3 millones de litros en 1993 a más de 17 millones en 1996.

En una operación realizada conjuntamente con las autoridades portuguesas, se ha descubieto que el fraude consistía en el envío por parte de empresas españolas de alcohol a compañías portuguesas autorizadas a recibir esta mercancía sin el pago de impuestos especiales.

Sin embargo, posteriormente no había certificación por parte de esas compañías portuguesas de que se hubiera recibido la mercancía. En realidad, el alcohol iba a parar a cualquier país de la UE o incluso no salía de España, y posteriormente se comercializaba como si se hubieran pagado los impuestos especiales.

El secretrio de Estado de Hacienda, Juan Costa, destacó que el fraude detectado equivale al 10% del volumen de negocio que mueve anualmente el sector alcoholero en España, cifrado en unos 23.000 millones de pesetas.

Los 2.400 millones de fraude se corresponden al período 1994-96. Costa señaló que en total se investigaron cinco millones de litros de alcohol, pero advirtió que todavía no se ha revisado el destino de otros 35 millones de litros, que podrían dar lugar a una deuda tributaria superior a los 10.000 mllones de pesetas. La recaudación que Hacienda recibe por impuestos especiales de alcohol asciende a 100.000 millones de pesetas al año.

PLAN CONTRA EL CONTRABANDO DE TABACO

Por otra parte, Costa presentó el plan especial contra el contrabando de tabaco, que ya fue examinado por el Consejo de Ministros hace escasas semanas.

El secretario de Estado explicó que por esta cuestión el Estado pierde cada año la recaudación de 120.000 millones de pesetas, equivalentes al 25% de los recursos totales obenidos por este impuesto especial.

El plan trata de poner soluciones a los problemas detectados en la lucha contra el contrabando hasta ahora: descoordinación entre las fuerzas aprehensoras, escasa represión en los puntos de venta, cierta complacencia social con el contrabando, divergencias en la interpretación de la Ley, falta de aplicación de sanciones y ausencia de control en el destino de la mercancía.

Juan Costa señaló que antes existía una sanción (complementaria al pago de multa) que consitía en el cierre durante un mes del establecimiento que amparase el contrabando. Esta medida, demasiado dura en su opinión, no se solía aplicar.

Por eso, se ha reformado la sanción, de forma que ahora el cierre tendrá una duración mínima de cuatro días y no tendrá tope máximo, lo que en su opinión tendrá una mayor operatividad y supondrá una seria advertencia a los posibles contrabandistas.

El plan prevé una mayor coordinación de los distintos órganos del Ministerio de Economía y Hacienda y con l Guardia Civil y los diferentes cuerpos de policía, así como con los fabricantes y expendedores y con otros países.

También propone modificaciones normativas para lograr mayor eficacia en los procedimientos, mejor definición de las competencias y la adecuación de las sanciones. Asimismo, se propone utilizar nuevos métodos de lucha y reforzar los ya existentes.