La sentencia, dictada por el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, Javier Cruzado, considera probado que el condenado profirió contra María Luisa L.R. graves insultos y amenazas con el ánimo de "desprestigiar y ofender" a la letrada al no estar de acuerdo con una minuta profesional.

Los hechos se produjeron en junio de 1988, cuando Ramón G.Ll. se personó en el domicilio de la abogada, que en esos moentos se encontraba en estado de avanzada gestación, y le exigió que le devolviera el dinero que "había robado a su esposa".

Una semana después, el desterrado acudió a la oficina bancaria donde el esposo de la letrada ejercía de director e insultó a éste. Desde ese momento, según la sentencia, el matrimonio venía recibiendo llamadas telefónicas y cartas amenazantes del condenado.

El magistrado Javier Cruzado considera que las expresiones vertidas por Ramón G.Ll. deben ser tipificadas como un delio de injurias graves, por no tratarse de un incidente aislado producto de la excitación, sino "un conjunto de ofensas reiteradas y meditadas ajenas por tanto a cualquier momento de ofuscación, desprendiéndose por ello una verdadera intención de ofender y dañar".