El sindicato señala, además, que la siniestralidad laboral está arrojando un resultados lúgubres, como puede deducirse de que las pensiones de viudedad hayan crecido más que las de invalidez, el 122 y el 116,8 por cien, respectivamente.

Para UGT, que las empresas no apliquen medidas preventivas está agravando d forma alarmante la inseguridad de los trabajadores en el puesto de trabajo, además de suponer una transferencia de los costes derivados de esa situación desde las empresas, a las que califica de únicas responsables, hacia el Estado.

El estudio cifra en unos 417.809 millones de pesetas el dinero que la Seguridad Social tuvo que destinar sólo en el pasado mes de novimebre a cubrir prestaciones por accidentes de trabajo. Esto significa que son los propios trabajadores, además de perder calidad en el desmpeño de sus funciones, los que están costeando indirectamente con sus aportaciones el coste derivado de la política desrreguladora del Gobierno y la patronal.

Entre el 91 y el 93, añade, los costes por acidentes laborales de la Segridad Social han crecido en más de 95.000 millones de pesetas, casi un 30 por cien más, y relata una serie de gastos derivados de esta situación que dificultan aún más los objetivos de control del gasto sin lesionar el Estado del Bienestar.

Es el caso de las pensiones otivados por estos accidentes o enfermedades profesionales que, en conjunto (invalidez, viudedad, orfandad o en favro de familiares) ascendió en noviembre del año pasado a más 174.000 millones de pesetas, lo que equivale a un crecimiento del 17,6%, sobre el mismo período del año anterior.

UGT advierte que se está incurriendo, por parte de la patronal y del Gobierno, una política disuasoria para impedir la reforma que practicamente estaba pactada con las centrales antes de las elecciones y las primerasconversaciones del pacto social. Si bien anuncia que los representantes de los trabajadores no van a renunciar a esta reivindicación.

La central aboga por una Ley de Salud Laboral más moderna y participativa, cuya puesta en marcha obligará, necesariamente, a modificar los comportamientos sociales de los trabajadores, los empresarios y los poderes públicos.