Esa es la cifra más negativa de despidos colectivos desde junio de 1992, cuando se elevó a 11.843, y resulta incluso peor que las registradas en el último trimeste del año pasado, cuando la economía entró en recesión.

En conjunto, 39.359 trabajadores se vieron inmersos en expedientes de regulación de empleo durante el mes de enero, lo que representa un aumento del 19 por ciento en relación al mismo periodo del 92.

Además de los 11.194 afectados por despidos colectivos, otros 24.932 fueron incluidos en expedientes de suspensión temporal de empleo y 3.233 en otros basados en la reducción de la jornada habitual.

Por otra parte, los datos definitivos delMinisterio de Trabajo sobre la regulación de empleo en 1992, a los que tuvo acceso esta agencia, indican que se autorizaron 13.456 expedientes, en los que estaban comprendidos 341.607 trabajadores.

Eso significó un aumento del 7 por ciento respecto a 1991. Los afectados fueron 83.237 por despido colectivo (15.205 más que el año anterior), 233.805 por suspensión temporal de empleo y 24.565 por reducción de jornada.

Los datos sectoriales muestran que la crisis es eminentemente industrial, ya que 28.496 trabajadores afectados estaban ocupados en él, frente a 29.142 en los servicios, 5.878 en la construcción y 22.091 en la agricultura.

Las empresas que recurrieron con mayor frecuencia a este sistema para limitar su producción y aligerar costes salariales fueron las del automóvil, con un total de 73.523 regulados, un 46 por ciento más que en el ejercicio precedente.

El carácter predominantemente industrial de la crisis se pone también de manifiesto en el reparto regional de las regulaciones, on el País Vasco en el primer lugar, con un total de 80.338 afectados, la cuarta parte del total.

Le sigue Cataluña (51.100), Comunidad Valenciana (31.778), Castilla y León (29.410), Madrid (29.116), Galicia (26.019), Andalucía (25.649), Asturias (18.860), Navarra (12.616), Cantabria (10.444), Aragón (6.336), Canarias (5.715), Castilla La Mancha (4.666), Murcia (4.189), Baleares (2.116), Extremadura (1.535), La Rioja (1.527), y Ceuta y Melilla (163).

LAS RAZONES

Los motivos más frecuentemente aegados por las empresas para presentar los expedientes fueron la caída en la demanda, los problemas de tesorería y la necesidad de aplicar proyectos de reconversión para garantizar la viabilidad de las empresas.

Estas razones fueron respaldadas por los representantes de los trabajadores en el 83 por ciento de los 13.456 expedientes que obtuvieron el visto bueno de la autoridad laboral, ya que habían sido pactados previamente entre sindicatos y empresas.

Los aprobados sin un previo pacto fueron 2.08, que afectaban a 73.033 trabajadores, el 21 por ciento de todos los que se vieron inmersos en dichos expedientes. Los no autorizados se situaron en 599, para un total de 13.903 empleados.