El laudo, dictado por la Comisión Arbitral acordada entre la empresa y los sindicatos de Sant Barbara, dá a ambas partes un plazo de tres meses para llegar a un acuerdo, al tiempo que recuerda que sus conclusiones tienen fuerza de ley.

Se abre así un proceso negociador a fecha fija, y que eleva las pretensiones de la propia dirección de la empresa, ampliando el número de despidos.

El Laudo reconoce la situación económica "agobiante" de la empresa, e insta a todas las partes implicadas a encontrar soluciones.

Los componentes del Colegio arbitral son Fernando Abril Martorell, José Rodíguez de la Borbolla y los catedráticos Emilia Cases Bahamontes y Fernando Valdés.