Según informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la nave que utilizaban como matadero no contaba con ningún tipo de control sanitario ni veterinario, a pesar de lo cual se desarrollaba en ella una intensa actividad ante las próximas fiestas navideñas.

El matadero ha sido precintado por la Inspección de Ganadería de la Comunidad de Madrid y se han inmovilizado un centenar de canales de corderos sacrificados.

Tras recibir informaciones sobre la existencia de un matadero que posiblemente no reunía ninguno de los requisitos administrativos y sanitarios exigidos, la Policía confirmó que en el interior de la nave había corderos vivos que eran sacrificados para posteriormente ser trasladados en camiones frigoríficos a distintas carnicerías que los implicados tenían tanto en Villarejo de Salvanés como en Fuentidueña del Tajo. La carne era también distribuida en otros pueblos de la región madrileña.

Agentes de la Policía Nacional, acompañados de inspectores de la Consejería de Sanidad y de la de Ganadería de la Comunidad de Madrid, realizaron una inspección tanto en la carnicería como en la nave ubicada en el polígono industrial de Villarejo, que incurrían en numerosas infracciones administrativas.

Los detenidos no realizaban el obligado control de entrada y salida de ganado en los libros registro, no existía control veterinario del ganado, se sacrificaban ilegalmente los corderos y la nave no reunía las condiciones mínimas de salubridad para poder distribuir la carne para el consumo humano.

Los inspectores de Salud de la Consejería de Sanidad procedieron a inmovilizar y precintar un centenar de canales de corderos sacrificados y la inspectora de Ganadería inmovilizó la explotación ganadera.

En el interior de la estancia donde realizaban el sacrificio ilegal de los corderos se encontró un sello sanitario, así como tinta sanitaria, que utilizaban para estamparla en las canales de los corderos al objeto de dar la apariencia de legalidad del sacrificio en mataderos homologados.

A los detenidos, de nacionalidad española, se les imputa un delito de falsedad en documento oficial y otro contra la salud pública.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial.