Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía, la red estaba dirigida por María Cristina Losada Montero, de 47 años, y sus hijos Luis Fernando y María Cristina Vallarino Losada, de 18 y 21 años, respectivamente.

Todos ellos, que fueron detenidos, son de nacionalidad peruana, al igual que Rosa Adela Granda Dianderas, de 37 años, que colaboraba on los anteriores en calidad de secretaria.

Los arrestos son consecuencia de una investigación desarrollada por el Grupo Operativo II de la Brigada Provincial de Documentación, que disponía de informaciones sobre la existencia de una oficina de colocación de empleados de hogar llamada ECU, con domicilio social en el número 9 de la calle Francisco de Rojas, que encubría operaciones delictivas.

El pasado jueves, los agentes detuvieron en el aeropuerto de Barajas a María Cristina Losada, cuando ya hbía pasado los controles de pasaportes y aduanas y se disponía a tomar un vuelo en dirección a Lima. Entre sus ropas y en el equipaje, la mujer escondía 239.105 dólares (unos 24 millones de pesetas).

Este hecho confirmó las sospechas de la policía sobre la agencia de colocación ECU, por lo que fueron detenidos los restantes implicados. Tras realizar un registro en las oficinas de la empresa, los funcionarios descubrieron más dinero: 14.044 dólares, 156.000 pesetas y más de medio millón de pesetas en mneda peruana.

Los agentes se incautaron también de 93 gramos de cocaína, una pequeña cantidad de marihuana y una balanza de precisión que estaban en poder de Luis Fernando Vallarino.

En el coche de María Cristina Vallarino localizaron una elevada cantidad de documentos relativos a la evasión de divisas y tres teléfonos portátiles.

Estos, denominados "tubos" o "teléfonos piratas", eran contratados con documentación falsa y los utilizaban los detenidos para realizar conversaciones intercontinetales por las que cobraban a los conferenciantes cantidades inferiores a la tarifa oficial. Cuando telefónica pasaba el primer recibo, los aparatos eran abandonados.

Según se deduce de la documentación intervenida a los detenidos, éstos captaban por medio de la agencia a compatriotas interesados en enviar dinero a su país, para lo que les ofrecían sus servicios.

Mediante telefax, comunicaban a los hombres de la organización en Lima el número del remitente, la cantidad de dinero entregada y la perona que debía cobrarla.

Periódicamente, alguno de los detenidos efectuaba viajes a Perú para sacar el dinero recogido y reponer fondos. Operaban siempre en dólares, de manera que si el remitente les entregaba pesetas, la agencia ECU se las cambiaba por dólares al precio de 105 pesetas cada uno y cobraban además una comisión del 10 por ciento.

De las investigaciones practicadas se deduce que los detenidos habían montado el "negocio" a finales del pasado año, fecha desde la que se calcula que evadiron 160.000 millones de pesetas. En Lima contaban con dos locales denominados "Ate" y "San Isidro".

Sólamente María Cristina Vallarino tiene antecedentes por hurto y reclamación judicial. Todos los detenidos han pasado a disposición judicial.