La empresa pidió una indemnización de 200 millones de pesetas por considerar que la información de la OCU, publicada en enero de 2000, era una intromisión ilegítima y difamatoria contra la dignidad pública de la empresa.

El magistrado José Sierra Fernández, por el contrario, afirma en su sentencia -que es recurrible- que "resulta acreditado el resultado de los análisis obtenidos con las garantías precisas", sgún informó hoy la organización.