En rueda de prensa tras reunirse con los sindicatos, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, afrmó que "seguiremos adelante" con la reforma tratando de lograr "el máximo apoyo posible, pero no podemos obligar a nadie" a aceptar un acuerdo.

Chozas anunció que convocorá a los sindicatos a nuevas reuniones y que, "a corto plazo", iniciará los contactos con administraciones públicas, territoriales y partidos políticos para buscar apoyos a la reforma.

Los sindicatos pidieron en la reunión de hoy al Gobierno que retire su propuesta de reforma y se inicie una negociación para la mejora de la protcción por desempleo, pero el Ejecutivo se negó a ello. "No lo vamos a retirar, sin duda", advirtió Chozas, que se mostró "abierto" a negociar todos los temas, no hay ninguno "tabú" y "por nuestra parte la negociación no está rota".

El Gobierno no ha establecido ningún plazo para acometer esta reforma, aunque tiene intención de que entre en vigor el próximo 1 de enero, y, según Chozas, se ha limitado a "pedir propuestas".

El secretario general de Empleo arremetió contra la actitud de los sindicato en esta negociación, ya que en la reunión han criticado el texto "con reflexiones genéricas, hablando de atentados, de recortes, sin puntos concretos".

"Cuando no se presentan alternativas -los sindicatos acudieron a la reunión sin ningún documento- se hace difícil el proceso", añadió Chozas, que explicó que el Gobierno aceptará cualquier propuesta que sirva para mejorar el empleo y la protección.

Frente a las denuncias de los sindicatos de que la reforma provocará recortes de derechos y una menr protección, Chozas defendió que la reforma genera "una mejora", al menos para 200.000 trabajadores agrarios que empezarán a tener protección, mejora la situación de la mujer para que encuentre un empleo tras ser madre, y mejora la situación de los mayores, los parados de larga duración y permite un mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo.

MALAS NOTICIAS

Mientras, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Puig-Samper, dijo que hoy es un día de "malas noticias" porque el Goierno "ha dicho no a la retirada de sus propuestas y ha dicho no al inicio de otra negociación sobre otras bases" que sirvan para mejorar la protección.

Según el dirigente de CCOO, el Ejecutivo mantiene su propuesta de medidas "injustas, innecesarias e ineficaces. Son innegociables y tienen que ser paralizadas y derrumbadas con la movilización".

"Una imposición unilateral nunca ayuda al pleno empleo" y esta reforma "facilita el despido, recorta las prestaciones, facilita la exclusión del sistema,cambia el modelo de protección y rompe de forma injusta los cauces de negociación y de diálogo", añadió.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, señaló que el documento del Gobierno "va a producir efectos muy negativos, denigrantes e indignos para el mercado de trabajo". Además, "no compartimos que se aproveche esta reforma para abaratar el despido" mediante la eliminación de los salarios de tramitación.

Ferrer denunció que del texto del Gobierno se desprende, incluso, una cambio dela naturaleza jurídica del sistema de prestaciones, que, a su juicio, dejaría de tener la naturaleza contributiva actual y pasaría a estar vinculado a políticas activas, "que podrán o no llevar ayudas".

HUELGA GENERAL

El dirigente ugetista apuntó que las medidas son de la "suficiente gravedad" como para provocar una huelga general. "Ya no hay proceso de negociación. El Gobierno ha pasado del diálogo al dictado. Ahora se ve su cara autoritaria y sólo cabe que reconsidere su camino", para lo que le ha dado de plazo hasta el 23 de mayo, fecha en la que se reunirán el Comité Confederal de UGT y el Consejo Confederal de CCOO para convocar el paro general.

"Ante una agresión así sólo hay un tipo de respuesta posible", señaló Toni Ferrer, en referencia a la huelga general, pero antes habrá que contar con la aprobación de los órganos de dirección de los dos sindicatos y consensuar una fecha para su celebración con el resto de organizaciones sindicales.

En una etapa de "paz social", como la que sustnta el Acuerdo de Negociación Colectiva 2002 firmado entre patronal y sindicatos, "qué interés tiene el Gobierno en abrir este conflicto", se preguntó Ferrer.

Tanto Puig-Samper como Ferrer negaron que las movilizaciones y la eventual huelga general contra esta reforma tenga un marcado carácter político. "De salir adelante esta reforma se alterará el modelo social de este país. Gobierne quien gobierne (esta reforma) es una tropelía", dijo el "número dos" de CCOO.

Ferrer señaló que, "para el Gobiero, el 40% de los parados, que no cobran prestación, no se merecen ni una mención" en su propuesta y "eso es lo que nosotros queremos negociar", como dar protección para este colectivo.

Para Puig-Samper, el diálogo social "está catatónico. No sabemos ni cuándo ni para qué volveremos a negociar" con el Gobierno. Chozas sólo les comunicó, según el dirigente de CCOO, que les llamaría para informarles sobre cómo se desarrolla el proceso con el resto de interlocutores.

CEOE

Más receptiva a las propuetas del Gobierno se mostró la CEOE, que tras la reunión de esta mañana con el Gobierno calificó de injustifica e incomprensible la convocatoria de una huelga general contra esta reforma.

El secretario general de CEOE, Juan Jiménez-Aguilar, demandó al Gobierno que se clarifiquen las fuentes de financiación del sistema de protección al desempleo, para que las cotizaciones no sigan sirviendo para financiar los costes de funcionamiento del Inem.

Además, pidió que el plazo para la implantación progresva del nuevo sistema contributivo de desempleo para el régimen agrario pase de los tres años que contempla el Gobierno a los 10 que demanda la patronal.