Actualmente, sólo los agricultores andaluces y extremeños reciben el paro gracias a un modelo no contributivo, continuación del antiguo PER.

Tras la reunión de hoy, el secretario general de Empleo, Jua Chozas, aseguró que el Gobierno no hará ninguna reforma del actual sistema sin el consenso sindical. Por su parte, tanto CCOO como UGT acusaron al Gobierno de "tomarles el pelo" con sus propuestas y aseguraron que se movilizarán de inmediato.

El Gobierno plantea a los sindicatos introducir el desempleo contributivo agrario en enero del próximo año para toda España. Luego, de acuerdo con su evolución, se procedería a ir equiparando la cobertura asistencial de este modelo con la que disfrutan los trabaadores del régimen general de la Seguridad Social.

A cambio, el Ejecutivo prevé limitar el acceso de los agricultores andaluces y extremeños al actual sistema de pensiones, mediante una serie de controles e intentando que los jóvenes que actualmente se apuntan a este modelo -seis meses de paro a cambio de 35 peonadas en el campo-, dirijan su actividad a talleres de empleo o similares.

Además, plantean retirar el acceso a este tipo de subsidio en algunas zonas de Andalucía que, a juicio del Ejecutvo, ya no están en la situación de necesidad para la que se creó esta prestación.

TOMADURA DE PELO

El responsable de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT, Juan Aguilar, dijo a Servimedia que la postura del Gobierno es "una tomadura de pelo" y que el Gobierno "ha dado marcha atrás" con unas propuestas "inaceptables, indignas y provocadoras".

Acusó al Gobierno de ser el responsable de la ruptura de las negociaciones y adelantó que el campo "no se quedará mano sobre mano" y realizará ovilizaciones continuadas y "cada vez más radicales".

Finalmente, arremetió contra la patronal de agricultores Asaja, a la que acusó de estar detrás del cambio de postura del Ejecutivo en las últimas horas.

Por su parte, el secretario general de Fecampo (CCOO), José Fuentes, apuntó que la postura del Ejecutivo es "una deslealtad" para los acuerdos a los que llegó con los sindicatos hace unos años.

Fuentes acusó al actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, de mantener un postura de debilidad frente a los empresarios y recordó que su predecesor, Javier Arenas, fue más equilibrado en este sentido.

Coincidió con su compañero de UGT en que las propuestas del Gobierno son una "tomadura de pelo" que los agricultores no van a tolerar y avanzó un "verano calentito" de movilizaciones.

CONTRADICCION

El número de trabajadores agrarios ocupados en Extremadura y Andalucía bajó durante los últimos 8 años en un 25 por ciento, dato que no se vió reflejado en el número de percptores del subsidio agrario, que se mantuvo casi estable, con un descenso de un 1,77 por ciento, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Fuentes ministeriales achacan esta diferencia a las facilidades de acceso al cobro del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) -el antiguo PER-, que en estas dos comunidades autónomas permite a los agricultores acceder al cobro de desempleo durante seis meses si realizan 35 peonadas.

Por ello, a pesar de la grn caída del empleo agrario, el número de perceptores del subsidio agrario en esas dos comunidades (las únicas que cuenta con cobertura por desempleo para los agricultores) sólo se rebajó en 8.967 personas en lo que va de década.

Este subsidio le cuesta a las arcas públicas más de 138.000 millones de pesetas anuales. Fuentes ministeriales consultadas por esta agencia apuntaron que la idea es crear un sistema de cobertura para todos los agricultores españoles pero, a cambio, limitar el acceso al subsidi en Andalucía y Extremadura, sobre todo para los jóvenes, a los que se pretende dirigir a políticas activas de empleo y separar de la precariedad del empleo temporal en el campo.