El procedimiento utilizado para defraudar a la Administración Pública consistía en dar de alta en empresas inoperantes o ficticias, algunas de ellas titularizadas por súbditos extranjeros, a distintas personas implicadas, con el fin de que pudieran reunir periodos suficientes de carencia para acceder a posteriores prestaciones del Inem o de la Seguridad Social.

Para ello, falsificaban los contratos de trabajo, partes de alta y baja en Seguridad Social,boletines de cotización a la Seguridad Social y en general cualquier otro documento utilizado habitualmente en toda relación laboral.

Los funcionarios policiales procedieron al registro de una asesoría fiscal y laboral, que dirigían Ricardo y Jorge E.B. en la calle Jaime Fabra, número 1, y calle Mansó, número 17, de Barcelona, en el que intervinieron numerosa documentación de empresas gestionadas por ambos.

La investigación policial, que aún no ha concluído, ha permitido detectar a unas 30 empress implicadas, así como a un centenar de personas aproximadamente, muchas de ellas delincuentes con amplios antecedentes policiales.