Esta dirección general considera probado que la citada asociación adotó un acuerdo que establecía tarifas uniformes para la obtención del carné de conducir. El acuerdo fue puesto en práctica mediante folletos publicitarios y la inserción de anuncios en diversos diarios de Madrid.

La campaña publicitaria fue lanzada en el otoño de 1986. En los anuncios y folletos se indicaban los precios que regirían para la enseñanza y obtención del carné tipo B-1 (el normal), que eran los siguientes: 15.000 pesetas la matrícula, 1.500 pesetas la clase práctica de 45 minutos, 2.500 pestas el examen práctico, y tasas de tráfico e IVA aparte.

La tabla de precios iba acompañada de advertencias como la siguiente: "!CUIDADO! ofertas inconcretas a precios engañosos, puede suceder que reciba clases innecesarias o viceversa, que al terminar la oferta tenga que seguir pagando hasta el aburrimiento o el abandono, que no pueda presentarse a examen cuando le corresponda según su preparación".

La Dirección General de Defensa de la Competencia entiende que la Asociación Provincial de Autoesuelas pagó los anuncios y folletos, haciéndose responsable de una práctica ilegal para evitar la competencia entre las distintas autoescuelas existentes en Madrid.

Por su parte, la asociación de autoescuelas, en su escrito de alegaciones, afirmó que no puede ser encausada por cuanto no interviene en operaciones de mercado fijando precios, cobrando o pagando. En defensa de su posición invocó la Constitución, el Código Civil, la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales e incluso lanormativa sobre revelación de secretos establecidos en el Código Penal.

Los resultados de la investigación fueron remitidos el 27 de julio de 1990 al Tribunal de Defensa de la Competencia, quien dictó el pasado 31 de enero una resolución en la que confirmó todos los extremos del expediente y declaró probada la existencia del acuerdo ilegal de precios.

Sin embargo, decidió limitarse a intimar a la asociación de autoescuelas madrileñas (que cambió de junta directiva a finales de 1989) para que no velva a incurrir en dichas prácticas, sin imponerle ninguna sanción económica.

El tribunal basa esta decisión en "el tiempo transcurrido desde la iniciación del expediente" y en que la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid "no agrupa a la totalidad de las autoescuelas que operan en la demarcación territorial que sugiere su denominación".

54 AUTOESCUELAS MULTADAS

En el último año y medio, el Gobierno ha multado a un total de 54 autoescuelas, a propuesta del Tribunal de Defensa de la Cometencia, por establecer acuerdos tarifarios.

Las autoescuelas sancionadas son 38 de Guipúzcoa y 16 de Oviedo. La multa ascendió en cada caso a 250.000 pesetas por autoescuela, lo que suma un total de 13,5 millones, 9,5 de ellos a las empresas donostiarras y 4 a las ovetenses.

En la resolución que condenó a las autoescuelas de Oviedo, el Tribunal de Defensa de la Competencia señaló que "no deja de sorprender la reiteración de prácticas como las enjuiciadas, por parte de diversas autoescuelas, a pear de ser varias las resoluciones de este tribunal declarando tales prácticas prohibidas".