Según informó hoy el instituto armado en un comunicado, inició las investigaciones el pasado mes de mayo, cuando tuvo conocimiento de que una abogada de Madrid captaba a ciudadanos marroquíes, que, mediante una importante compensación económica, recibían la documentación precisa para su estancia legal en España.

Pesquisas posteriores permitieron determinar que estos ciudadanos eran personas con un alto nivel económico en Marruecos y eran captados por compatriotas suyos a través de diferentes contactosen el norte de Marruecos y sur de España.

La cabecilla de la red y sus dos hermanas, una de ellas funcionaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se encargaban de preparar la documentación necesaria para justificar su estancia legal en España, aportando, entre otros, contratos de trabajo ficticios, valiéndose para ello de empresarios de la construcción pertenecientes a la organización.

Los documentos eran presentados en la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, donde un funcinario, en connivencia con la organización, realizaba los trámites para la expedición del documento de estancia. Para estos trámites, los inmigrantes abonaban a la organización entre 6.000 y 18.000 euros.

Cuando estas personas eran requeridas por la organización para la formalización de los documentos, utilizaban para sus desplazamientos a Madrid la vía aérea y se alojaban en hoteles de cinco estrellas.