Las investigacione se iniciaron hace dos meses, cuando la policía tuvo constancia de la existencia de redes organizadas dedicadas a la explotación de mujeres subsaharianas en la Casa de Campo.

Los agentes también recibieron información de las tácticas que utilizaba la banda para conseguir que estas mujeres permanecieran en nuestro país. Para ello, obligaban a las mujeres a solicitar la condición de "asiladas" en la Oficina Central de Asilo y Refugio de Madrid, alegando ser víctimas de persecución en su país por creencis religiosas.

La policía ha podido comprobar que la organización exigía a estas mujeres la cantidad de 100.000 pesetas semanales para pagar la deuda contraída por su introducción ilegal en nuestro país. Si estos ingresos no se pagaban, un miembro de la banda se encargaba de coaccionar y maltratar físicamente a la mujer que no había pagado, hasta conseguir su objetivo.

Además de las 100.000 pesetas semanales, les cobraban mensualmente 30.000 pesetas en concepto de alojamiento y otras 60.000 en conepto de manutención, dinero que no se deducía de la deuda contraída. En total, las mujeres debían pagar unas 500.000 pesetas mensuales a los proxenetas.

La detención de la mayoría de los miembros de la organización delictiva se produjo los días 25 de abril y 3 de mayo en varios domicilios situados en Madrid capital y en Parla.