A los detenidos se les imputan delitos contra la flora y fauna, falsificación de documentos, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública.

En la denominada "Operación Silvestre" se han llevado a cabo ocho registros domiciliarios en varias provincias españolas, interviniendo gran cantidad de especies autóctonas y exóticas (vivas y muertas), así como documentación falsificada, anillas identificativas, artes prohibidas de caza, etcétera.