Las investigaciones, que comenzaron el pasado mes de marzo, permitieron la paralización de una distribuición de 800.000 latas destinadas al consumo humano. La red había vendido u total de 50.000 de estos productos en Estonia, aunque no llegaron a ser consumidos gracias al aviso del instituto armado a las autoridades de dicho país sobre su mal estado.

El envasado de estas latas se remonta a 1988, cuando la Unión Europea, a través del programa de ayuda humanitaria ECHO, subvencionó a Cruz Roja Española para que enviara a los refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) determinadas partidas de alimentos.

Cruz Roja cedió la gestión del envío a la empresa pública "Expansión Extrior", que, a su vez, subcontrató a la sociedad mercantil "Inviva S.L.", domiciliada en Ribeira (La Coruña).

La empresa "Inviva" compró las sardinas en Portugal y encargó la fabricación de los envases a una empresa de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), siendo envasadas por dos conserveras de La Coruña, una ubicada en Muros y la otra en Ribeira.

Cuando llegaron los envíos a Argelia, los técnicos de la Cruz Roja observaron anomalías en las latas, como entrada de aire y abombamiento de los envases, or lo que fueron devueltas a España para su análisis.

La empresa, en lugar de destruirlas, inició gestiones para su venta primero en España, que fue imposible, y luego en Estonia. Las conservas, que llevaban grabados los anagramas de Cruz Roja y de la UE, eran alteradas en su aspecto exterior por los detenidos, que borraban estos indicadores para que no se descubriera su ilícita comercialización.