En la operación intervinieron funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Organizada e Internacional del Servicio Central de Policía Judicial, que hasta el momento han detenido a cuatro personas: Sra A.E., Antonio A.M., Pablo V.R. y Domingo M.R.

Sara A.E. y Antonio A.M., detenidos ambos en Madrid, trabajaban como cirujanos dentistas y odontólogos, la primera en una clínica de su propiedad y en dos concertadas y el segundo en otras dos clínicas concertadas. Antonio A. todavía no tenía en su poder la homologación del título obtenido en Bolivia.

En Palma de Mallorca fueron detenidos Pablo V.R., que ejercía el mismo tipo de actividades en una clínica de su propiedad, y Domingo M.R., abogados qe intervino en la captación de personas interesadas en la obtención del título, por lo que se le considera intermediario necesario para la realización de todos los trámites que culminaban en la expedición del título.

La policía continúa aún la operación, tanto en España como en el extranjero, para tratar de desarticular totalmente la organización.

Según la Dirección General de la Policía, la investigación, iniciada en octubre pasado tras la denuncia presentada por el presidente del Colegio de Odotólogos y Estomatólogos de Madrid, ha permitido descubrir que la banda actuaba en España y Bolivia.

CAPTACION

La captación de interesados se realizaba en España entre personas directamente relacionadas con aspectos técnicos y no facultativos de la profesión de cirujano odontólogo, como mecánicos dentistas, auxiliares de clínica, etc.

También captaban a otras personas interesadas en ejercer esta actividad médica y que carecían, en ocasiones, de los estudios que les permitían acceder a las facultdes de Medicina de las distintas universidades españolas.

Una vez captados y previo pago de las cantidades exigidas, actualmente cinco millones de pesetas por título, se les solicitaba un pasaporte caducado para arreglar la correspondiente documentación.

A continuación se les enviaba a La Paz (Bolivia), donde previamente se había contactado con el personal de la Universidad Mayor de San Andrés, que realizaban al candidato una entrevista de unas dos horas. Después, los interesados regresaban a Espña.

La organización se encargaba de recoger los títulos e introducirlos en España, si bien los pasaban por la representación diplomática española, que certificaba la legalización de firma del director nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Ciencia de Bolivia.

Según la Dirección General de la Policía, una vez que la banda entregaba las titulaciones a los interesados, éstos solicitaban su homologación ante el Ministerio de Educación y Ciencia español, que en algunos casos expidó el correspondiente certificado y en otros tenía retenidas las solicitudes para consulta.