La operación, desarrollada en Madrid y Valencia, ha culminado con la detención de veintiuna personas, quince hombres y seis mujeres, que ejecutaban, previo pago, ajustes de cuentas, cometían robos con intimidación y controlaban las actividades delictivas de miembros de la comunidad china residente en España.

Se han practicado dos registros en Madrid y uno en Valencia, en los que los agentes han intervenido una pistola con munición, armas blancas, ordenadores, equipos de vídeo y diversa documentación.

Según la Policía, el final de la operación tuvo que precipitarse ante la posibilidad de que fueran a ejecutar a un comerciante.

Las actividades de la banda desarticulada, siempre previo pago de una cantidad económica acordada con quien solicitaba sus servicios, iban desde las coacciones a las agresiones, e incluso hasta los homicidios. Alguna de sus víctimas permaneció hospitalizada durante semanas como consecuencia de la paliza que le habían propinado para intimidarle.

La organización prestaba sus "servicios" únicamente a la comunidad china residente en España y estaba perfectamente organizada. Algunos de sus miembros captaban a los clientes y obtenían información sobre la identidad y las actividades personales, sociales y laborales de sus víctimas.

Otros aportaban la infraestructura necesaria, como armas, vehículos o viviendas de seguridad para facilitar las acciones del grupo ejecutor. Estos últimos vivían al margen de la organización y sólo se desplazaban a los lugares fijados previamente para cometer las agresiones.