En la operación fueron detenidos siete responsables de la red, así como nueve inmigrantes indocumentados. La organización cuenta en Bangkok y Hong Kong con reputados falsificadores de pasaportes, papeles previamente sustraídos en diversas partes del mundo.

Los documentos pertenecen a japoneses y coreanos, que no necesitan visado para entrar en el territorio europeo del tratado de Schengen y cuentan, además, con la ventaja añadida del parecido físico de sus titulares.

Las persnas introducidas deben pagar a la banda entre dos y cuatro millones de pesetas para luego, una vez en España, serles retirado el pasaporte falsificado, con el objeto de volverlo a utilizar con otros inmigrantes.

Los recién llegados son albergados en pisos de seguridad de Barcelona, Madrid y Alcobendas (Madrid), para posteriormente ser distribuídos por el espacio comunitario en trabajos clandestinos, principalmente en restaurantes chinos, talleres de confección y venta ilegal de productos importados de continente asiático.

Según la policía, en estos lugares trabajan en condiciones de semiesclavitud, sin horario de ningún tipo. En caso de ser detenidos nunca delatan a los responsables de la red, por temor a las represalias que pudieran sufrir.