En la operación, denominada "Fuentespino" y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, fueron detenidas ayer dos personas. Además, el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola ha imputado a 20 ciudadanos de varias nacionalidades por su relación con esta red.

Los detenidos y los imputados están acusados de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública.

En concreto, la red desarticulada se dedicada a la captación de capital privado de personas residentes fuera de España, a cambio de participaciones en sociedadessupuestamente dedicadas a la ejecución de proyectos inmobiliarios.

La red prometía a los inversores importantes revalorizaciones y altas rentabilidades aparentando una realidad empresarial que ocultaba sus verdaderas intenciones fraudulentas, según señala la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

El sistema de engaño utilizado para captar el capital de los estafados consistía en la adquisición de una serie de fincas rústicas, mediante una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal.

Inmediatamente después estas fincas eran asociadas a una serie de empresas mercantiles de nacionalidad española, mediante su aportación al capital social de las mismas. Sin embargo, estas fincas eran sobrevaloradas de forma ficticia, consiguiendo así detentar unas sociedades que aparentaban estar respaldadas por un capital social elevado.

A su vez, estas empresas españolas eran asociadas a una serie de proyectos inmobiliarios, principalmente relacionados con la construcción de complejos hoteleros y de ocio, desplegando a continuación toda una actividad de promoción de los proyectos que supuestamente iban a desarrollar, mediante su publicitación en ferias inmobiliarias, así como a través de internet y teleoperadores telefónicos.

En el marco de la operación se han bloqueado distintas cuentas bancarias y se han embargado de forma preventiva varias propiedades inmobiliarias en las provincias de Málaga y Granada.

En el transcurso de las investigaciones, que han durado más de dos años, ha sido fundamental la cooperación internacional. La Fiscalía Anticorrupción formuló una Comisión Rogatoria a las autoridades británicas que permitieron la presencia de agentes españoles en el Reino Unido, que investigaron sobre el terreno a nueve personas y empresas que estaban implicadas en la operación.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola ha declarado el secreto de las actuaciones. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y registros.