En este documento, presentado ante la Ponencia sobre el 'Pacto de Toledo' de la Subcomisión de Presupuestos, se asegura que sin la aplicación de las medidas que propone el Gobierno el gasto total en pensiones se situaría en 1997 en el 8,94% del PIB, lo que supone alrededor de 7 billones de pesetas, mientras que con las medidas el gasto se colocaría en el 8,93% del PIB.

En los años siguientes la evolución sería esta: sin aplicar las medidas del Gobierno, un gasto del 8,99 del PIB en998 (8,95% con las medidas), del 9,05% del PIB en 1999 (8,98 con medidas) y del 9,13 del PIB en el 2000 (9,03 con las medidas del Gobierno). Estos cálculos se han realizado sobre un incremento del PIB del 2%.

Según el documento del Ejecutivo sobre cuantificación de las medidas del 'Pacto de Toledo', al que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno estima que en los próximos años la cifra total de pensiones irá aumentando progresivamente, hasta situarse en casi siete millones y medio de pensiones en 2000 y ms de diez millones en el 2030.

Al término de la reunión de la Ponencia, Aparicio reconoció que existen discrepancias entre los distintos grupos políticos, pero, a su juicio, "pueden abordarse", al tiempo que destacó el "ánimo constructivo de los mismos".

Aparició insistió en que el objetivo del Gobierno no es reducir el gasto en pensiones, sino que crezca "ordenadamente" en los próximos años y de manera ajustada al crecimiento de la economía. Insistió en que las medidas propuestas por el Ejecutiv no están cerradas, "para posibilitar el diálogo".

JUBILACIONES EN PYMES

El ex ministro de Trabajo con el Gobierno del PSOE y actualmente portavoz de Política Social y Empleo del partido, José Antonio Griñán, insistió en la necesidad de consolidar el sistema público de pensiones mediante el desarrollo "armónico y global" del 'Pacto de Toledo'.

Por ello, reclamó al Gobierno, al igual que el diputado de IU, Joan Saura, que presente al Parlamento un proyecto de ley específico sobre el desarrollo dl 'Pacto de Toledo' y que deje a los Presupuestos sólo los aspectos contables y numéricos de la reforma.

Según Griñán, uno de los problemas que habrá que solventar en reuniones próximas es la dificultad para distinguir entre las jubilaciones anticipadas voluntarias y las forzosas en las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, Francesc Homs, de CiU, indicó que las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones respetan el espíritu del 'Pacto de Toledo'. Agregó que la conclusión olítica más importante es que no se prevé un recorte del gasto global en pensiones.

Insistió en que estas medidas, además de no suponer un recorte del gasto, garantizarán la viabilidad del sistema público de pensiones en el futuro. No obstante, apuntó algunas propuestas de su partido, como la necesidad de penalizar más a los que se jubilen anticipadamente de manera forzosa y una revisión profunda del mecanismo de concesión de las pensiones de invalidez y de su control.