La presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, y el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, asistieron a la presentación de dicho informe en el Senado, que corrió a cargo de su director y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos.

El informe, cuya elaboración tiene carácter anual, subraya "la paralización de algunas reformas fundamentales para la vertebración del Estado de las Autonomías". Sobre este paticular, alude a las reformas que afectan a "cuestiones esenciales" para su configuración como un verdadero sistema descentralizado política y administrativamente, como son la reforma de la Cámara Alta o el sistema de financiación de las autonomías.

En este punto, los autores del informe llaman la atención sobre la necesidad de impulsar "de forma decidida" algunas de las cuestiones sobre las que se lleva tiempo discutiendo (Senado, reforma fiscal), o sobre las que se llegó incluso a formular acuerdos oncretos (participación de las CCAA en el Consejo de la Unión Europea), "sin que en la práctica se hayan producido avances significativos".

Por el contrario, el informe indica que en el momento presente las CCAA "funcionan satisfactoriamente, y puede también afirmarse que gozan de un amplio nivel competencial y de traspasos de servicios, quedando sólo los traspasos en materia sanitaria".

Sin embargo, agrega que, "más allá de este análisis, el Estado de las Autonomías, entendido como sistema, reclma ya con urgencia el dar solución a los problemas que acaban de señalarse. La normalidad no debe convertirse en un valor paralizante", subraya.

A este respecto, pone de relieve que "la presencia de las CCAA en las instancias estatales y comunitarias, así como el acordar un sistema de financiación estable y consensuado, deben ser los temas a resolver en un futuro inmediato".

Asimismo, el Instituto de Derecho Público, en su análisis, razona las causas de esta parálisis política en materia de desarollo autonómico. Así, señala que "la paralización de esta reformas en el año 1999 podría atribuirse al hecho de ser este un año de claro sesgo electoral", en referencia a los comicios catalanes, entre otras consultas.

Del mismo modo, agrega que, "como mera hipótesis, podría apuntarse que una visión complaciente con la realidad de las CCAA (por parte del Gobierno) ha podido llevar a restar importancia a las reformas pendientes".

Al respecto, significa la urgencia de abordar "sin demora" dichas refrmas "para completar la verdadera realidad institucional de las CCAA y permitir articular satisfactoriamente sus relaciones con el Estado".

"En todo caso", prosigue, "la reforma del sistema financiero tiene un plazo ya fijado, pero debería avanzarse en la articulación del procedimiento de negociación que permitiera una reforma consensuada".

PAIS VASCO

El referido informe dedica una parte destacada de sus conclusiones a la situación en el País Vasco y a la declaración de tregua por parte de ETA,y su posterior marcha atrás, como punto de inflexión político y social en esa comunidad autónoma.

En este sentido, describe que la declaración de ETA de poner fin a la tregua "no sólo no frustra esperanzas y es una aberrante negación de las vías existentes para la solución política de los conflictos, sino que además se sitúa dentro de un proceso de progresiva tensión existente en la vida política del País Vasco, tensión que a su vez alimenta".

Añade a esta consideración que tal tensión social "deciende hacia la sociedad civil, a la que se sitúa cada vez más en la disyuntiva de tener que optar por bloques incomunicados", en alusión a los nacionalistas y no nacionalistas.

Para los autores del informe, la sociedad del País Vasco tiende a configurarse en dos bloques diferenciados, al mismo tiempo que "de forma preocupante" se constanta que se van retirando puentes de diálogo entre los dos colectivos.

"El tratar de situarse en la zona intermedia", agrega, "parece no comprenderse y tiene un cote electoral indiscutible, lo que disminuye a su vez las zonas de encuentro".

REFORMA DEL SENADO

Capítulo aparte supone el análisis que se hace sobre la actividad del Senado, por lo que concierne a las autonomías, y la necesidad de proceder a su reforma.

En el informe se afirma que tal actividad ha seguido marcada (durante 1999) por la discusión sobre las posibilidades que ofrece la Comisión General de las CCAA; la reclamación del debate sobre la situación del Estado de las Autonomías, y la parlización de los trabajos sobre la reforma de la Cámara Alta.

Para los autores del balance, el proceso de reforma del Senado ha sufrido "una completa paralización" durante 1999. La ponencia para el estudio de la reforma constitucional del Senado, apunta, "no se ha reunido ni una sola vez".

"Sí se ha reactivado en cambio, la ponencia del sistema de financiación autonómica y la ponencia para la evaluación de las necesidades de información económico-financiera de carácter territorial del Senado. En eta última se presentó el estudio sobre la creación de una Oficina de Análisis Económico-Territorial al servicio del Senado".

No obstante, concluye que la Comisión General de las CCAA ha proseguido su actividad de control ordinario y de los proyectos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial, así como con su labor de información.

Para los analistas del desarrollo autonómico durante, "si bien la actividad normativa del Estado ha sido especialmente intensa, la leyes con directa incidncia en temas autonómicos han sido escasas".

CONFLICTOS

En relación a los conflictos habidos entre las Comunidades Autónomas y el Estado durante 1999 se formalizaron ante el Tribunal Constitucional un total de 38 conflictos de competencias.

Ello supone una sensible reducción de la conflictividad con respecto al año anterior, 1998, que fue de 49 procedimientos, "si bien es un número también sensiblemente superior con respecto a la media de conflictos durante la V Legislatira", añade.

Lo mássignificativo, sin embargo, según el informe, es que son las normas de contenido específicamente económico-presupuestario y tributario las que motivan la mayoría de los conflictos.

Esto pone de relieve, enjuician los analistas, "la decisiva importancia que se otorga por parte de las CCAA al tema de la financiación para el ejercicio de la autonomía respetiva, y que hace evidente la necesidad de avanzar hacia un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación".

COLABORACION

En el lado opuesto, se airma que la colaboración entre el Estado y las CCAA, si se atiende a los convenios publicados en el BOE, sigue manteniendo un alto nivel. En 1999 se publicaron 547 convenios, lo que supone un ligero retroceso con respecto a 1998 (566), si bien se mantiene el elevado número de acuerdos.

"La significación de este alto número de convenios debe, sin embargo, matizarse. Por un lado, muchos de ellos fueron formalizados en 1998; por otro lado, muchos de ellos responden a proyectos o programas comunes que lueo se reproducen en convenios bilaterales", se explica.

"Si atendemos al contenido material", prosigue el informe, "destaca que el 41 por ciento de los convenios han recaído sobre la materia de servicios sociales, incrementándose aún más el valor porcentual de este tipo de convenios con relación a años anteriores".

Por lo que hace referencia a la colaboración entre CCAA, más allá de los convenios formalizados, se constanta un interés creciente en buscar foros de encuentro a partir de la identificaión de problemas comunes que requieren actuaciones conjuntas. Un ejemplo citado es la firma de la Declaración de Bacelona por parte de los partidos nacionalistas CiU, PNV, BNG.