A la hora d hacer esta consideración pesa el recuerdo de la transición española y de lo que habría supuesto, "sólo a efectos de imagen y sin llegar a repercusiones jurídicas", que un juez de un tercer país hubiera abierto un proceso contra la dictadura franquista y sus apoyos sociales.

Las mismas fuentes no quieren confirmar si el Ejecutivo de Carlos Ménem ha llamado a consultas al embajador español o si el embajador argentino en España ha protestado en privado. Se escudan en el habitual contacto entre países deocráticos.

Resaltan, no obstante, que el Ministerio de Asuntos Exteriores está prestando al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón toda la cobertura necesaria para remitir sus autos y escritos a la justicia argentina vía valija diplomática.

Los dos gobiernos confían en que la causa quede en nada porque la Justicia argentina, en base a la `Ley de Punto Final', no admita la jurisdicción de Garzón en este tema, por ejemplo, cuando solicite la detención de la lista de militares torturadores aprtada por el `arrepentido' Adolfo Scilingo.

Respecto a los españoles que pudieran estar entre los desaparecidos, el Gobierno no admite oficialmente su mediación entre las familias y el Ejecutivo de Ménem para que se beneficien de la indemnización de 30.000 millones de australes (la moneda nacional) que van a repartirse las familias de los desaparecidos con nacionalidad argentina.

El Ejecutivo simplemente recuerda el caso de Carmelo Soria, el español funcionario de la ONU en el Chile de Salvador Alende, que fue asesinado por el régimen de Pinochet. Su familia rechazó la propuesta económica y honorífica, para no dejar impunes a los militares que participaron en el crimen, y al final no hubo acuerdo porque el Ejecutivo chileno se niega a reabrir judicialmente responsabilidades penales.

España, sostienen las fuentes consultadas, tiene en su haber una transición basada en no haber pedido cuentas a los vencedores de la Guerra Civil y por ello "comprende" que la mayoría de la sociedad argentina, excuidos algunos sectores políticos y sociales, no quieren reavivar el pasado.