Gallardón firmó hoy con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, un protocolo de intenciones que define el futuro de los terrenos de la antigua prisión, en un acto en el que también estuvo presente la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Lucas, entre otros. El acuerdo cuenta con el respaldo del PSOE, pero no de IU.

Los 170.000 metros cuadrados (m2) que durante más de 60 años ha ocupado la cárcel se convertirán en equipamientos públicos (58.859 m2), zonas verdes (23.242 m2), viarios (46.014 m2), terciario y oficinas del Estado (9.675 m2) y residencial (34.372 m2, en los que se construirán unas 600 viviendas, el 30% protegidas).

Entre los equipamientos públicos, destaca la construcción de un nuevo hospital, que los vecinos de Carabanchel y Latina venían reclamando desde hace muchos años, y un nuevo equipamiento municipal, cuya concreción decidirá la Junta de Distrito de Carabanchel, según explicó el alcalde en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo.

El alcalde explicó que el protocolo dará paso a un convenio urbanístico entre ambas instituciones a partir del cual se redactará el Plan Parcial de Reforma Interior que, previsiblemente, se aprobaría a principios del próximo año. A finales de 2009, según el calendario previsto, se dará luz verde al Proyecto de Urbanización.

No obstante, dijo que la licencia provisional de derribo de la prisión puede concederse en octubre, con lo que ese mismo mes empezarían los trabajos de demolición. Tanto Gallardón como Rubalcaba indicaron que les gustaría asistir al acto de derribo y aceptaron la sugerencia de algún periodista de hacer un acto con ex presos de la cárcel de Carabanchel.

Rubalcaba señaló que tanto para él como para el alcalde, a quienes separa una diferencia de siete años de edad, esta cárcel supone muchos recuerdos. Para Gallardón recuerdos infantiles, ya que su padre estuvo en esa prisión, y para él "los recuerdos de haber corrido delante de la cárcel reivindicando la libertad de los que estaban dentro".

ESFUERZO DEL MINISTERIO

Gallardón agradeció el esfuerzo del Ministerio y valoró su disposición a reducir voluntariamente en más de un 30% el aprovechamiento lucrativo de los terrenos (de 129.000 a 88.000 m2 de edificabilidad), aumentando en más de un 50% el espacio reservado a equipamientos públicos con relación a lo dispuesto en el Plan General de 1997.

Según el acuerdo, 20.000 metros cuadrados se dedicarán a la construcción de dependencias de la Administración Penitenciaria, como una Escuela de Estudios Penitenciarios y la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre otras. El protocolo respeta la comisaría y el centro de internamiento de extranjeros que hay en los terrenos, pero cuando se reubiquen, los 14.000 m2 que ocupan se destinarán a nuevas dotaciones públicas.

El espacio destinado a zonas verdes albergará también unmonumento a la memoria histórica "que pretende recordar a la gente que allí (en la cárcel) pasó malos momentos por defender la libertad", explicó Rubalcaba, para quien se trata de "un buen acuerdo", sobre todo para los vecinos de Carabanchel y Latina, que respeta los intereses de todos.

"Cerramos una deuda (con este acuerdo) y pagamos una deuda con los que estuvieron en la cárcel, con los vecinos y con la ciudad de Madrid, que estará mejor vertebrada, más cohesionada y con más equipamientos sociales", afirmó el ministro. Destacó también el esfuerzo del ayuntamiento y dijo que Interior ha renunciado a rendimientos económicos, "que en este ministerio bien falta hacen", en nombre de un bien mayor, que es aumentar las dotaciones y construir viviendas, un 30% protegidas.

Gallardón, que reconoció el protagonismo de los vecinos en todo este proceso, dijo que este acuerdo permitirá aumentar la cohesión territorial de toda la zona. "Es una forma de cerrar una herida, no poniendo una venda que oculte lo que fue un referente, sino incorporándolo al futuro con nuevas viviendas, equipamientos, espacios verdes, viarios ...", afirmó.

VECINOS ANTE LAS MÁQUINAS

Coincidiendo con la firma del acuerdo, una decena de vecinos se concentraron a las puertas de la sede del Ministerio del Interior para protestar contra este protocolo y contra la construcción de más viviendas en un barrio que, a su juicio, ya está saturado. Además, rechazan el derribo completo de la cárcel, porque quieren que la parte de la cúpula central de la prisión y alguna galería se convierta en un centro para la memoria histórica y la paz.

Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel, y Julián Rebollo, de los vecinos del barrio de Aluche, aseguraron que, aunque llevan más de 15 años luchando, todavía les quedan fuerzas para seguir. "Nos pondremos delante de las máquinas cuando quieran derribar la cárcel. Hemos sufrido mucho con esa puta cárcel y no se puede derribar totalmente", dijo Rebollo.

Los vecinos, que creen que ha triunfado "parcialmente la lucha vecinal", al haberse conseguido el hospital, señalaron que se reunirán con organizaciones sociales y politicas para lograr el centro por la paz. También dirigirán una carta al presidente del Gobierno, avalada por gente de la política, los sindicatos, las artes y la cultura, para lograr este fin.

Casas y Rebollo insistieron en la necesidad de que todos los terrenos se destinen a construir los equipamientos sociales que necesita Carabanchel y Latina, y no a viviendas, porque eso significa "especular, sacar dinero". "Si eso lo hace un señor, le llamamos sinvergüenza, pero si lo hace el Ministerio, no", lamentó.