El real decreto, propusto por el Ministerio del Interior, fue aprobado por el Consejo de Ministros en la reunión que mantuvo el pasado 28 de febrero.

El nuevo reglamento contiene una disposición que deroga, a su vez, el Real Decreto 2641/1929, de 21 de diciembre, es decir, promulgado hace más de 62 años, que prohibía la asistencia de menores de 14 años a los espectáculos de boxeo y corridas de toros.

Sin embargo, Juan Jesús Menéndez, abogado de Adda, aseguró que la norma aprobada es de rango inferior a la de 1929, porlo que presentará una impugnación directa ante el Supremo.

"Si hay una voluntad mayoritaria de que esto siga adelante", explicó, "a lo mejor tenemos que tragarnos nuestros deseos de que se siga prohibiendo la entrada a los menores, pero entendemos que la iniciativa tiene que partir del Parlamento".

Según Menéndez, el Tribunal Supremo ya dictó sentencia en 1984 contra una orden ministerial de 1982 que permitía a los menores de 14 años la entrada a las corridas de toros. En aquella ocasión, fue la ederación de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas quien utilizó la vía de la impugnación directa para anular la orden.

La Adda acusa al Gobierno de derogar el decreto ley "en el más absoluto silencio" y sin consultar a los partidos políticos, los educadores y los padres.

"Bajo el mismo criterio", agregaron, "de que un menor no puede consumir bebidas alcohólicas, entrar en ciertos espectáculos hasta los 16 años, discotecas y comprar tabaco, por ser consideradas prácticas nocivas en unos sees en fase de formación, es de considerar que con la derogación queda sensiblemente desprotegida y distorsionada la visión y el trato que los niños, futuros adultos, deben recibir y practicar hacia los animales".

ENCUESTAS

Esta asociación mantiene que las encuestas revelan que un 72 por ciento de la población considera a las corridas de toros como "muy violentas" y un 50 por ciento es contraria a ellas.

Asimismo, insiste en que los resultados obtenidos en algunas autonomías manifiestan una oposción aún mayor de sus habitantes a este tipo de espectáculos, como es el caso de Galicia y Asturias, mientras que en Cataluña el 66 por ciento los prohibiría y sólo un 8 por ciento asegura ser aficionado a ellos.

La Adda afirma que las instituciones han otorgado un trato de privilegio al negocio taurino, "en perjuicio y detrimento de otros valores más importantes que deben prevalecer en el país".