Así lo expone la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de ese ministerio en una comunicación dirigida al Defensor del Pueblo, que había reclamado información sobre esta cuestión tras el requerimiento que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) había trasladado a esta institución para conocer detalles sobre el desarrollo reglamentario de las previsiones contenidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tras la modificación operada por la disposición final segunda de ley de trasposición de directivas de la Unión Europea en materia, entre otros ámbitos, de accesibilidad de determinados productos y servicio.

La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que los saldos de las conocidas como 'cuentas durmientes' se destinen a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, así como a extender la accesibilidad universal de los entornos, bienes, servicios y procesos.

Indica, asimismo, que la Administración General del Estado desarrollará a través del Real Patronato sobre Discapacidad un programa dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación y la investigación aplicadas a estas políticas, a través de ayudas directas a los beneficiarios.

El Defensor del Pueblo explica en un escrito dirigido al Cermi, al que tuvo acceso Servimedia, que la Secretaría de Estado informa de que, en la actualidad, se considera como la opción más viable la financiación de estas intervenciones a través de la creación del Fondo de Accesibilidad Universal previsto en el anteproyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Asimismo, indica que el ministerio está trabajando en la tramitación de ese anteproyecto de ley para que sea aprobado y promulgado lo antes posible y poder poner en funcionamiento el fondo.