Según informaron fuentes del Ministerio, el modelo que impulsó el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, en vigor desde 2020, establece que los perros de caza quedan excluidos de la aplicación de la norma mientras participen en actividades cinegéticas.

En concreto, la Ley 7/2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha considera que la persona responsable de estos animales no puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar" y la de "evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daño" durante el ejercicio de la caza.

Esta excepción, sin embargo, no implica que se les pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso se les aplicaría el procedimiento sancionador recogido en la ley.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha remitido al grupo parlamentario socialista y al resto de grupos del bloque de investidura una propuesta de enmienda transaccional en los mismos términos. El departamento de Belarra considera que así se podría desbloquear por fin la norma garantizando la protección animal y también que los cazadores y los socialistas vean recogidas sus demandas. Desde Derechos Sociales se ha convocado hoy un nuevo encuentro con el colectivo cinegético para trasladar la propuesta de acuerdo.

Fuentes socialistas trasladron a Servimedia que si sus socios de Unidas Podemos, que son los impulsores de esta ley, "llegan a un acuerdo con todo el sector", el PSOE entrará "en el acuerdo".