Según informó el Observatorio, el objetivo general de este estudio es "visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España". Para ello, presenta un panorama general sobre su situación y define acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.

La presentación del estudio, moderada por el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso, contó con la participación de la consultora experta redactora del estudio, Gloria Álvarez Ramírez; la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino; la representante de Acnur en España, Sophie Muller; y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

Durante intervención a través de videoconferencia, Álvarez destacó que “vivimos tiempos muy malos en cuanto a la situación de las personas refugiadas en el mundo, pero especialmente para las personas con discapacidad desplazadas, dado que es un colectivo especialmente muy vulnerable y propenso a sufrir abusos y discriminación”.

Asimismo, Álvarez desgranó las principales conclusiones del informe, entre las que destacó que “el sistema de asilo español está muy comprometido con todas las personas refugiadas con discapacidad, pero presenta déficits en cuanto mecanismos y procesos de implementación que permitan garantizar los derechos y el acceso a servicios de apoyo para estas personas”.

Otros de los aspectos que destacó Álvarez es la “falta de datos desagregados que permitan analizar en profundidad las principales necesidades de las personas desplazadas con discapacidad”, así como la necesidad de un marco jurídico que sea capaz de garantizar los derechos de las personas pertenecientes a este colectivo tan vulnerable. Es decir, en este ámbito “la política internacional no es inclusiva”, concluyó.

Finalmente, Álvarez expuso toda una serie de propuestas que permitan paliar todas las carencias a las que se enfrenta este colectivo especialmente vulnerable en diferentes los ámbitos: procedimientos de asilo, marco jurídico e investigación, entre otros.

Para Jesús Martín Blanco, este estudio tiene especial importancia porque “la ciencia es necesaria para acertar en las políticas públicas”, y añadió que “este estudio era necesario y perentorio, porque este es un país de acogida y necesitamos un corpus jurídico potente en materia de discapacidad para las personas desplazadas que llegan a nuestro país”.

Además de los reglamentos y las herramientas de acogida, Martín también destacó la importancia de que “todos los fondos de cooperación del Gobierno deban tener un enfoque inclusivo para los refugiados”. Asimismo, insistió en que debe “abordarse el cambio en origen, fortalezcamos las democracias y los recursos educativos en los países de origen, porque esos espacios deben pensar en toda la diversidad humana”.

Por su parte, Sophie Muller destacó sobre el estudio que “haya contado directamente con la voz de las personas refugiadas con discapacidad”. Asimismo, señaló que en Acnur ya existe un equipo específico que trabaja sobre la situación de las personas refugiadas con discapacidad y “siempre vamos a tener esta mirada de la discapacidad y de las necesidades específicas de las personas desplazadas que cuentan con dificultades en cuanto a accesibilidad o salud mental”.

Finalmente, Muller concluyó que “la formación de las ONGS y de todos los actores de los sistemas de acogida es fundamental. Todos deben sensibilizarse especialmente sobre la vulnerabilidad y las necesidades de personas con discapacidad refugiadas”.