Álvarez hizo esta consideración tras la reunión de trabajo mantenida en Madrid con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, Candela Delgado, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Por su parte, el Ejecutivo de las islas explicó que prepara una propuesta jurídica que obligue al reparto de estos menores entre las demás comunidades autónomas en "casos excepcionales".

Según Derechos Sociales, la reunión entre responsables de ambos ejecutivos tenía por objetivo abordar la situación de los menores en las islas dentro de la situación de excepcionalidad que vive Canarias tras el repunte migratorio de las últimas semanas, que ha llevado a declarar la situación de emergencia por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Álvarez indicó que, durante esta legislatura, su ministerio "ha aumentado la financiación para el mecanismo de derivación de menores hasta los 35 millones de euros y hemos conseguido el compromiso de las diferentes comunidades autónomas para el traslado de menores en Canarias a la Península, pero debemos ir más allá”.

“Tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias compartimos el compromiso y la voluntad de seguir trabajando para reforzar estos instrumentos y poder dar una respuesta eficaz en la atención humanitaria de los niños que llegan solos a las Islas”, apuntó.

SISTEMA DE ACOGIDA

La consejera de María Candela Delgado argumentó que la realidad que las islas viven en materia migratoria hace "indispensable" que se establezcan las herramientas necesarias para consolidar un sistema de acogida de menores migrantes en todo el territorio español.

“Debemos diseñar un sistema de acogida estable en el que participen todas las comunidades autónomas de forma corresponsable y no solidaria", pidió, una propuesta que debe ser liderada a nivel estatal y que ha de contar con la financiación necesaria”. “Canarias no puede asumir prácticamente en solitario la tutela de más de 4.000 menores no acompañados”, señaló.

En este sentido, la titular de Bienestar Social planteó que el Estado permita que se dediquen fondos europeos no ejecutados a atender la crisis humanitaria actual y crear una red de atención y cuidados para brindar una acogida digna a todos los niños, niñas y adolescentes que están llegando al archipiélago a bordo de embarcaciones precarias.

Asimismo, Delgado detalló "los esfuerzos" que se están llevando a cabo para mejorar la determinación de edad de los migrantes a través de un nuevo protocolo acordado con la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma.

"PROPUESTA JURÍDICA"

En la misma línea, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, insistió en la necesidad de "contar con una norma que distribuya los migrantes menores no acompañados que entran en Canarias entre todas las comunidades autónomas".

Manifestó que el Gobierno de Canarias ya trabaja en "una propuesta jurídica que obligue al reparto en esta situación excepcional", porque "el criterio de solidaridad ya se ha demostrado que es insuficiente”.

Barreto también demandó la transferencia de los fondos comprometidos para poder atender esta crisis migratoria de forma adecuada. "Ya hemos gastado casi 80 millones de euros, pero seguimos pendientes de los 50 millones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", indicó.

PROPUESTAS CENTRALES

En el marco de sus competencias, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha ofrecido diferentes vías para ahondar en la colaboración entre administraciones y garantizar así el bienestar de los menores.

Por un lado, se ha valorado la posibilidad de solicitar a las comunidades autónomas equipos técnicos especializados para desplazarse a Canarias para ayudar en las necesidades identificadas por el Gobierno autonómico. También se ha estudiado la solicitud de colaboración de la Agencia de Asilo Europea para que envíe personal técnico para dar soporte a la respuesta humanitaria, o en otros aspectos que Canarias necesite.

El ministerio también planteó que desde la dirección general de Infancia y Adolescencia se pueda acompañar técnicamente a los fiscales de menores que pondrá a disposición de Canarias el Ministerio de Justicia para llevar a cabo las determinaciones de edad.

Asimismo, propuso la creación de una comisión específica dentro de la Conferencia Sectorial para abordar en exclusiva la acogida de los menores extranjeros no acompañados.