El documento especifica que nuestro país no ha promovido las medidas adecuadas para preservar las zonas húmedas, ha incumplido las prohibiciones que establece el Convenio de Berna en relación con las distintas modalidades de caza y no ha desarrollado ninguna norm que designe potestades confiscadoras y sancionadoras para reducir e impedir el tráfico y comercio ilegal de especies protegidas.

Como ejemplos concretos de la posición ambigua que, a juicio de los autores del informe, mantienen las autoridades de nuestro país en materia de conservación de la naturaleza, citan la postura de España durante la última reunión consultiva del Tratado Antártico y la oposición española a la prohibición de la incineración marina de residuos tóxicos en la reunión de la Comisió de Oslo.

Asimismo, señala que resulta "descorazonador" la actitud del fiscal general del Estado cuando instruye a la Fiscalía de Castellón para la no acusación del presidente de Endesa por un delito de contaminación ambiental, oponiéndose así a la opinión mayoritaria del cuerpo de fiscales.

Además, destaca la inexistencia de una ley general que regule aspectos relacionados con el medio ambiente y asegura que la legislación actual se caracteriza por la dispersión de normas, una regulación sectoril y una escasa coordinación entre las distintas normas.

"El esfuerzo de producción de legislación", argumenta el documento, "no se ha visto acompañado por la creación de medios para llevarla a la práctica y darle efectividad. Es significativo que España sea uno de los primeros países en la CE en lo que a la adaptación de normativa medioambiental se refiere y, al mismo tiempo, uno de los estados con más denuncias ante la CE por infracción o incumplimiento de dicha normativa".

Para la Asociación Pr-Derechos Humanos, la causa del reiterado incumplimiento de estas normas es la falta de conciencia ambiental, la creencia de que la protección del medio ambiente limita el desarrollo, la escasez de medios técnicos y humanos para controlar las infracciones, la falta de especialistas y la escasa formación que tienen los que hay en la Administración y los tribunales y los intereses políticos opuestos que existen.

DELITO AMBIENTAL

Respecto a la tipificación que realiza el anteproyecto de Código Penal de delito ambiental, el informe señala que "en general, y pese a ciertas imprecisiones, se puede valorar de manera positiva".

Sin embargo, agrega que resulta insuficiente promulgar leyes punitivas si las autoridades competentes no crean los medios adecuados para prevenir los delitos, informar al ciudadano y movilizar a la Administración de Justicia para que persiga estas acciones ilegales.

Como solución, el documento propone una mayor concreción y claridad en la terminología para evitar problemas dctrinales, incluir entre las conductas tipificadas la explotación o utilización irracional de los recursos naturales, especialmente el agua, y retirar la licencia de caza o pesca en caso de comerciar o matar a una especie protegida.

También sugiere limitar el uso del suelo en caso de incendio forestal, crear fiscalías y policía judicial especializadas y utilizar publicidad reglada para las sentencias condenatorias contra empresas industriales.