En la presentación del informe, que tuvo lugar hoy, participaron Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte; Pilar Goya, miebro del patronato de "Save the Children"; y los jóvenes deportistas Jorge Molina, jugador del Atlético de Madrid B, y Chritian Guillén y Ana Mª Izurieta, miembros de la selección española de gimnasia artística, que aportaron sus testimonios como deportistas de alta competición.

El estudio pone de manifiesto que tres de cada diez niños en el mundo sufre perjuicios derivados de la competición deportiva. En concreto, se detallan los casos de los menores chinos, que son sometidos a durísimos entrenamientos e incluso a castigos físicos, y de los niños boxeadores de Tailandia, que se inician en este deporte a los cinco años.

Además, se analizan los riesgos de las gimnastas, aquejadas frecuentemente de lesiones y trastornos alimenticios, y se profundiza en el tráfico ilegal de niños futbolistas procedentes, fundamentalmente, de países sudamericanos y africanos.

En este sentido, Pilar Goya reconoció que la lucha contra este mercadeo se debe centrar en evitar "la proliferación de las escuelas y agentes ilegales", que someten a los menores a "hacinamiento, engaños, abusos, estafas, etc". Además, Goya apeló a la "responsabilidad de los grandes equipos europeos", que son generalmente el destino final de estos niños.

Jaime Lissavetzky, por su parte, pidió a padres, profesores y entrenadores que "hagan compatible el derecho de la infancia a la práctica del deporte, con el derecho a un crecimiento equilibrado, tanto físico como afectivo e intelectual". En este sentido, recordó que el entrenamiento debe tener "límites", en función "de la edad biológica, el sexo y las condiciones o posiblidades del individuo".

Para evitar los riesgos a los que se enfrentan los niños deportistas, "Save the Children" recomienda que no se compita de forma especializada antes de los 13 años, que no se separe al menor de su entorno familiar ni de su proceso educativo, que los entrenamientos nunca superen las tres horas diarias y que se desarrolle una legislación que proteja estos derechos.