En una entrevista concedida a Servimedia, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, indicó que esos límites ya se están aplicando por parte de las comunidades autónomas y, por ejemplo, están "claramente regulados" en Navarra.

Valcarce añadió que esta cuestión ya le ha sido trasladada a las comunidades autónomas y "no han planteado ningún problema" al respecto.

En la fijación de esos límites se ha tenido en cuenta tanto que todas las personas tienen un mínimo de recursos que aportar al sistema como el que puedan contar con alguna cuantía para su uso y disfrute personal.

Los límites de aportación del usuario se establecerán en el primer decreto de desarrollo de la ley, tras ser acordados por el Consejo Territorial de Dependencia. La coparticipación, no obstante, será "justa, equitativa y progresiva".

Ese decreto servirá también para determinar los baremos de la dependencia, el catálogo de servicios que presta el sistema, los planes de actuación, las líneas generales de los convenios con las comunidades autónomas y la coparticipación de los usuarios, avanzó Valcarce.

BAREMO COMUN

El baremo para determinar el grado de dependencia (de los seis existentes) será "único" en todo el territorio y "común" para todo el sistema. Sin embargo, la aplicación del mismo corresponderá a las comunidades autónomas a través de sus equipos de valoración. Las regiones tienen, recordó Valcarce, "competencia exclusiva" en la gestión.

Sobre los problemas que puedan derivarse de la movilidad de las personas dependientes entre regiones, la secretaria de Estado avanzó que "cada año" se evaluará la situación y habrá un "sistema de compensación" entre regiones.

En cuanto a la existencia de cuidadores familiares, Valcarce opinó que será una opción muy elegida por parte de las personas dependientes, ya que introduce elementos positivos como la "confianza", la "proximidad" o el "afecto" y el "cariño" al ciudadano con dependencia.

Sin embargo, habrá que establecer un "punto de equilibrio entre la capacidad de elegir y los recursos" del sistema, además de valorar la idonenidad de los cuidadores o el lugar de vida de la persona dependiente. Esa cuestión se determinará en el Plan Individual de Atención de cada uno de los dependientes.

La extensión de los cuidadores familiares tiene aspectos positivos, como la empleabilidad de un colectivo con difícil acceso al mercado de trabajo que, si en algún momento deja de cuidar a la persona dependiente, puede incorporarse a la red profesional de cuidadores.

Además, este cuidador estará de alta en la Seguridad Social con cargo al Sistema Nacional de Dependencia. La secretaria de Estado destacó la "importancia" de la formación de los cuidadores.

IRPF

Sobre la inclusión en la reforma del IRPF de desgravaciones fiscales para la contratación de seguros de dependencia, como ya existe para los planes de pensiones, Valcarce lo calificó de "positivo", en el sentido de que permitirá "tomar más conciencia" del riesgo de caer en situaciones de dependencia, fomentará el ahorro y la preparación para futuras necesidades.

Ahora se debe "hacer pedagogía social" para que los ciudadanos contraten estos seguros. Ya ha habido contactos con el sector asegurador, afirmó Valcarce, quien auguró un "importante desarrollo" a los productos ligados a la cobertura de la dependencia.

Con la ley de atención a la dependencia se abre un plazo de seis meses para modificar la del seguro y adaptarla a esta nueva realidad.

PRIMAVERA

El Gobierno calcula que podrá remitir la ley al Parlamento en marzo o abril. Ahora se está a la espera de recibir los informes del Consejo Económico y Social; el Consejo Estatal de Mayores, y el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Una vez lleguen esos informes, el Ejecutivo remitirá el anteproyecto al Consejo de Estado, que cuenta con dos meses para dictaminar la ley, por lo que la aprobación del proyecto de ley para su remisión al Parlamento se puede producir en marzo o abril.

Una vez que la ley esté aprobada -antes de su entrada en vigor el 1 de enero- se firmarán los convenios con las comunidades autónomas, aunque las negociaciones puedan hacerse en paralelo al debate parlamentario de la ley,

Valcarce destacó que con las comunidades autónomas del PP hay "acuerdo" sobre la implantación del Sistema Nacional de Dependencia, por lo que la dirección del partido en la calle Génova "debe ajustar sus declaraciones a la realidad de los hechos".

"Los ciudadanos no entenderían que el PP no actuase con responsabilidad", concluyó la secretaria de Estado de Servicios Sociales.