Los cuatro grupos consensuaron hoy un texto en el que instan al Gobierno a poner en marcha cuatro iniciativas. Entre ellas destaca la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para la elaboración de un estudio sobre la viabilidad económica de una renta básica universal.

Según la resolución, el Ejecutivo deberá colaborar con el funcionamiento de esta subcomisión aportando la documentación necesaria para el desarrollo de sus trabajos.

Las cuatro formaciones sugieren además que el Gobierno profundice en el proceso de negociación con los agentes sociales sobre el sistema de atención a la dependencia "en el marco de la declaración para el diálogo social sobre competitividad, empleo estable y cohesión social".

Una tercera medida plantea que, una vez concluido el proceso de negociación con los agentes sociales, las comunidades autónomas y los municipios, se presente un proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Por último, piden que se establezca que la cobertura de las prestaciones y servicios destinados a las personas en situación de dependencia, en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, y en su caso de las corporaciones locales, podrá acordarse a través de la concertación de planes en los que la Administración General del Estado impulse la red de servicios destinados a la atención de las personas dependientes.

Este impulso se realizará sobre la base de una nueva ley en la que se reconozca el acceso a un catálogo de prestaciones y servicios a todas las personas dependientes.

En el preámbulo de la resolución se dice que la atención de las necesidades de las personas dependientes "se ha convertido en una demanda social relevante, tal como vienen expresando las asociaciones de afectados, representantes de mayores y representantes de personas con discapacidad, y también en un reto para las políticas públicas".