Además, en declaraciones a Servimedia, Franco anunció que pedirán que se aplace el juicio, ante la "incertidumbre" generada en las acusaciones y hasta que se recupere la "normalidad" en la causa y en la sala que debe llevar la vista oral y que, antes de la "irrupción" de Gómez-Bermúdez, estaba en manos de la juez Angela Murillo.

"Nos parece muy bien argumentada la decisión de la audiencia", dijo Franco, para quien es "lamentable" que Gómez- Bermúdez "irrumpiera" en la causa y sustituyera a Murillo sin dar ninguna explicación.

La propia audiencia reconoce "singularidades" en el cambio de Murillo por Gómez-Bermúdez y afirma que el tribunal que tenía que juzgar a Botín se modificó "sin justificación inicial alguna" y "con una justificación ulterior insuficiente", que "ha podido crear una apariencia de falta de imparcialidad incursa en la causa".

"No es muy habitual que prospere una recusación, pero en este caso era muy clara y los cambios en el tribunal fuera de toda lógica", continuó Franco, quien también ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra Gómez-Bermúdez.

Finalmente, confió en que la audiencia actúe con diligencia y se pueda recuperar la composición habitual del tribunal que iba a juzgar a Botín, si bien reconoció que la magistrada Angela Murillo tiene "mucha carga de trabajo".

HECHOS

En este caso se trata de esclarecer la presunta comisión de delito en el pago de 47,75 millones de euros a José María Amusátegui y de 108 millones de euros a Angel Corcóstegui, ex copresidente y ex vicepresidente del SCH, respectivamente, tras su salida de la entidad.

La encargada de instruir el caso fue la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, quien el pasado 26 de abril dictó auto de apertura de juicio oral contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

La magistrada les imputó a los tres delitos de apropiación indebida y/o de administración desleal, por el pago a Amusátegui de 56 millones de euros y a Corcóstegui de 108 millones, cuando se fueron de la entidad bancaria que ahora preside en solitario Botín.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

La fiscalía insiste en que no hay delito y las defensas en que los acuerdos de pago fueron legales y ajustados a lo previsto en los estatutos del banco.