Según la Coordinadora de Barrios, tras las numerosas quejas de los familiares y presos del Centro Penitenciario de Navalcarnero, realizaron un seguimiento de las actuacones de dicha jueza, lo que les permitió constatar que, salvo en casos muy excepcionales, no recibe a los presos, abogados o sus familiares antes de dictar sus resoluciones.

Esto, en su opinión, provoca la indefensión del preso, al no tener la posibilidad de ser oído personalmente o a través de sus familiares o abogados.

Este colectivo denuncia, asimismo, que las resoluciones judiciales de la magistrada están ausentes de motivación, en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial(LOPJ), ya que, según la coordinadora, utiliza los mismos modelos con idéntica fundamentación para todos los casos. Solamente varía el número de expediente y el número de recluso.

"Esta forma de actuar quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza en su artículo 24 y puede tener cabida como falta grave en el artículo 418.2 de la LOPJ, que exige a los jueces cumplir los deberes impuestos en la ley".