El mayor número de estos casos se está registrando en la provincia de Nangahar, según la información publicada por el diario "The Independent". Dicha provincia es la que ha experimentado un mayor descenso en el cultivo del opiáceo, un 96%, mientras que la media nacional se sitúa en un 21%.

Ello se debe a las medidas aplicadas por las autoridades de Gran Bretaña, uno de los países que está participando en la reconstrucción de Afganistány que está a cargo del programa para la reducción del cultivo de opio.

Los cultivos alternativos, como el trigo, reportan a los agricultores afganos una quinta parte de los ingresos que obtenían con el opiáceo, lo que está dificultando a muchos saldar de la deuda contraída con los narcotraficantes en su día para adquirir sus semillas.

Por ello recurren a una práctica tradicional en Afganistán, que consiste en entregar a una hija a un familiar del acreedor como forma de pago.

Los afectados denuncian que los gobiernos occidentales les prometieron facilitarles semillas de cultivos alternativos gratis, pero de momento no han cumplido esa promesa, y han advertido que a muchos no les quedará más remedio que volver a sembrar opio si no se resuelve su situación.

El Consejo Senlis, un grupo de expertos galos, pidió la semana pasada la legalización del cultivo de opio en Afganistán con fines farmaceúticos.

Un 87% del opio con el que se comercia ilegalmente en todo el mundo procede de Afganistán, sin embargo la industria farmacéutica del país sufre carencias de esta sustancia para su uso en medicina.

La propuesta fue rechazada por el gobierno afgano, que subrayó que no podía garantizar los controles necesarios para que el opio cultivado legalmente no acabe en el mercado negro, y también por Estados Unidos y la Oficina de la ONU para el Control de Drogas.