La inspección analizó 16 universidades que ofrecían este tipo de formación, así como 70 escuelas donde los profesores que la habían recibido impartían clases a alumnos con discapacidad.

Según el documento, la enseñanza ofrecida a estos profesores es insuficiente para que puedan satisfacer la diversidad de necesidades de sus alumnos con discapacidad, y, a menudo, el elemento fundamental de estos programas son las prácticas en colegios.

Sus autores denuncian que algunos centros de formación del profesorado "desaniman activamente" a los profesores a realizar sus prácticas en colegios con alumnos con "necesidades especiales complejas".

En cambio, destacan que los profesores que recibieron la mejor formación identificaban más fácilmente las necesidades de sus alumnos con discapacidad, lo que les permitía adecuar la enseñanza utilizando materiales auditivos, gráficos y otras actividades.